Mes de la patria, ¿celebración o luto?

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FAUSTO ALZATI ARAIZA

En el mes de patria nos enfrentamos a la aparente contradicción de dos enfoques para mirar el presente y el porvenir de México, ambos con numerosos y significativos adherentes. El primero, que llamaré “alentador”, puede sintetizarse en un párrafo del artículo de Shannon K. O’Neil en Foreign Affairs Latinoamérica: “México ya goza de una economía estable, una banca fuerte, un gobierno democrático, una demografía favorable, ambientes manufactureros que son competitivos globalmente y acceso preferencial no sólo al mercado más grande del mundo (EU), sino muchos otros mediante alianzas comerciales prolíficas. Si México puede superar sus limitaciones actuales y aprovechar estos beneficios, tanto los inversionistas como los ciudadanos mexicanos llegarán muy lejos”.
El segundo enfoque, que llamaré “alertador”, se refleja en los siguientes párrafos de la ponencia de Denise Dresser en el foro México ante la Crisis: “México carga con los resultados de esfuerzos fallidos por modernizar su economía durante los últimos 20 años. Las reformas de los ochenta y noventa entrañaron la privatización y la liberalización comercial. Pero esas reformas no produjeron una economía de mercado dinámica debido a la ausencia de una regulación gubernamental eficaz, capaz de crear mercados funcionales, competitivos. Prevaleció la discrecionalidad entre los empresarios que se beneficiaron de las reformas y los funcionarios encargados de regularlos. (…) Porque debido a ello, México está atrapado por una red que opera a base de favores y concesiones y protección regulatoria que el gobierno empresarial ofrece y la cúpula empresarial exige para invertir; una red intrincada de actores que capturan rentas a través de la manipulación o la explotación del entorno económico, en lugar de generar ganancias legítimas a través de la manipulación o la explotación del entorno económico, en lugar de generar ganancias legítimas a través de la innovación o la creación de riqueza”.
Quizá la brecha que separa estas dos percepciones de una misma realidad tiene su principal motivo en la persistencia tenaz de la corrupción en diversas esferas y niveles de la administración pública, lo que acaba por contaminar irremediablemente el quehacer empresarial, tanto de las pocas grandes empresas a las que su tamaño y poderío reviste de impunidad, como de aquellas más numerosas a las que su fragilidad vuelve indefensas y vulnerables. En su gran obra El orden político en las sociedades en cambio, Samuel P. Huntington define la corrupción no como un asunto “moral”, sino de manera pragmática como la brecha entre la norma y la práctica. Y a México le ha llegado sin remedio la hora de cerrar o al menos acortar significativamente esa brecha. Y quizá la llave maestra de esa importantísima tarea sea una reforma administrativa integral.
En efecto, tanto las reformas constitucionales, como las leyes reglamentarias de las mismas tienen como objetivo primordial la asignación de nuevas atribuciones, o la modificación de las existentes, a algún órgano u organismo de alguno de los tres niveles de gobierno, primordialmente el Federal. En consecuencia, en ausencia de una reforma administrativa de gran calado, que dote de eficacia, es decir, de capacidad efectiva de supervisión, sanción y ejecución de lo ordenado en las reformas a los órganos y organismos gubernamentales correspondientes, estas reformas acabarán por ser letra muerta, testimonio de loables objetivos de gobierno, pero no acción eficaz. Y esto acabará más temprano que tarde por manifestarse en una gran desilusión nacional, lo que daría la razón al enfoque “alertador”. Una reforma administrativa integral permitirá a México culminar con éxito su tránsito hacia una cabal democracia, en la que la alternancia, la pluralidad y la limpieza electoral sean, junto con una administración eficaz, garantía de buen gobierno.
Twitter: @alzati_phd