Luis Enrique “N” lleva diez años con nueve meses en prisión preventiva sin pruebas suficientes y enfrenta un proceso judicial donde ha padecido una serie de irregularidades por el delito que le imputan: secuestro.
El abogado de la firma legal CIMA, Juan Carlos Canalizo Hernández, denunció la injusticia que ha prevalecido en el caso y criticó los abusos del sistema judicial en Veracruz, así como la violación de los derechos humanos de su cliente.
El equipo de abogados prepara las denuncias para posteriormente presentarlas en la Fiscalía Anticorrupción y se proceda contra quien resulte responsable por las omisiones en este caso.
“Porque si ahora los jueces quieren tener una muy buena imagen pública para que puedan ser elegibles por nuestro voto, entonces deben estar preparados. Pero no solo eso, tienen que estar limpios. Pero si nosotros hacemos ver que han resuelto de manera irregular y arbitraria, a través de estas quejas administrativas en su contra, eso puede ayudar a que ellos puedan empezar a decidir bien. También podemos presentar denuncias en Fiscalía Anticorrupción. Lo vamos a hacer”.
AMPARO
Por tal motivo, su defensa tramitó el juicio de amparo con número de expediente 420/2024 ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito, con residencia en la ciudad de Poza Rica, donde la jueza federal Natividad Regina Martínez Ramírez, desde el pasado 4 de junio, tiene conocimiento de que no hay elementos para mantener la prisión preventiva.
“Quedó totalmente acreditado que Luis Enrique sufrió tortura desde su detención. El protocolo de Estambul investiga este tipo de tortura y establece que la tortura tiene como consecuencia que se vicie el procedimiento. Hay testigos sembrados. Dicen que detienen a Luis Enrique con arma, pero no presentan en ningún momento el arma”.
El representante legal enfatizó que han pasado siete meses y la jueza federal citada no ha “podido darse cuenta de que no hay una sola prueba para que Luis Enrique deba estar en prisión”.
“Siete meses les ha tardado en darse cuenta que no hay una sola prueba, ¿esa es la justicia que merecemos cómo veracruzanos o estamos destinados a callarnos?”, cuestionó.
Al momento no hay certeza de la resolución judicial en este caso, debido a que la audiencia constitucional se ha diferido constantemente.
“La audiencia constitucional fue para el 6 de septiembre, no pasó nada, el poder judicial de la Federación entró al paro de labores, nosotros mismos los apoyamos, para que estén libres de toda coacción para que hagan su trabajo, parece que tienen un temor más. Vamos para la fecha de noviembre pero se difiere la audiencia. Nos señalan otra audiencia el 11 de diciembre, pero tampoco se pudo celebrar, la audiencia quedó por último para el 6 de febrero pero no tenemos una resolución”.
PIERDE A SU FAMILIA
Luis Enrique fue detenido junto con otras seis personas por la presunta privación ilegal de la libertad de un menor de edad por supuestas llamadas telefónicas que lo vinculan.
Los demás imputados son familiares pero solo Luis Enrique fue sentenciado dentro del proceso penal 43/2018, por lo que su defensa procedió a la apelación.
El caso estaba en manos de las autoridades de Hidalgo y Puebla, debido a que el secuestro ocurrió sobre una carretera federal, pero después se dieron cuenta de que le competía al estado de Veracruz.
“Aunque las autoridades tenían la investigación, la línea de investigación, ellos mismos se complican. En este asunto están involucrados autoridades del estado de Hidalgo, autoridades del estado de Puebla y autoridades del estado de Veracruz, que es donde actualmente se está desahogando. En esencia, este secuestro se lleva a cabo en una carretera federal, del cual debe tener competencia el estado de Puebla. Conoce inicialmente el estado de Puebla, después conoce el estado de Hidalgo, después se dan cuenta de que, ¿sabes qué? La competencia no es mía, es del estado de Veracruz”, recordó Canalizo Hernández.
Sin embargo, Luis Enrique ha perdido varios años de su vida en prisión, presuntamente por un delito que no cometió. En los últimos años se divorció y sus hijos no lo ven. Además, fue brutalmente torturado por personal ministerial de las tres entidades.
“Para eso se tardaron tres años en darse cuenta de eso (que en caso competía a autoridades de Veracruz). Pero una vez que se dan cuenta de tres años después de que ni tú, ni tú, ni tú eres competente, todavía se tardan dos años en remitir el proceso a Poza Rica y ahí Luis Enrique lleva cinco años perdidos, sin tener una justicia”, remató el abogado de la firma legal CIMA.