POR ALEJANDRO HERNÁNDEZ
A raíz de los lamentables sucesos ocurridos en el estado de Guerrero, se destapó una cloaca de corrupción y complicidad de algunos políticos con el crimen organizado de esa zona. La infiltración de los criminales es tal que alcanza a policías, al subprocurador, al alcalde de Iguala, a su mujer, presidenta del DIF de ese lugar, y a quién sabe cuántos funcionarios más, tanto de la administración municipal como de la estatal. Aunque eso no es raro, pues en muchas más regiones del país el crimen ha corrompido las instituciones e, incluso, tiene a muchos servidores públicos en su nómina. Lo más lamentable de este asunto es la poca responsabilidad con que los partidos políticos, que llevan al triunfo a los llamados narcocandidatos, se conducen. En el caso que nos ocupa el PRD, partido que postuló al hoy alcalde prófugo de Iguala, no se ha pronunciado de manera determinante para asumir la culpa que le toca, toda vez que se ha comprobado los nexos, conocidos por todos en aquel lugar, que el munícipe tenía desde hace mucho tiempo con una organización criminal que domina una amplia región de Guerrero, y aun así lo postuló como candidato, incluso como emergente pues no tenía un contendiente ganador cuando fue la elección. El gobernador, que también ganó por el mismo partido, se ha lavado prácticamente las manos en ese terrible asunto, incluso ha minimizado las peticiones que otros partidos, organizaciones sociales y guerrerenses, han hecho para que renuncie.
El nuevo presidente del PRD, recién estrenado en el cargo, dijo que apoyarían cualquier investigación contra el gobernador, pero al pasar de los días sus declaraciones han bajado de tono significativamente, toda vez que éste fue postulado al cargo por encomienda de Manuel López Obrador quien, fiel a su estilo, ha divagado sin decir nada en concreto de la actuación de su recomendado.
Es necesario ya que los partidos políticos blinden la elección de sus candidatos y que dejen de proponer delincuentes a los cargos de elección popular, lo cual hemos visto infinidad de veces. Y si ellos no lo hacen, el Instituto Nacional Electoral debería de imponer medidas de control más enérgicas, incluso, exámenes de confianza, exigencia de cartas de antecedentes no penales —que hemos conocido casos de gente acusada de delitos graves que ha ganado elecciones—, pruebas de polígrafo y, por supuesto, controles antidoping.
Necesitamos gente de probada solvencia moral y no malhechores, que lo único que buscan es el fuero y las relaciones que les da un cargo público para seguir delinquiendo o corrompiendo las instituciones públicas del país.
Tengan, estimados lectores, un excelente fin de semana, y abríguense que ya está haciendo frío.
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