El debilitamiento democrático, el auge del extractivismo y la crisis ambiental ponen en riesgo el futuro de los pueblos de nuestra región
Imagine vivir donde el agua potable es un lujo, donde el aire huele a cenizas, donde los ríos enferman y donde las lluvias o el fuego lo destruyen todo. Esa es la realidad de millones en América Latina. En La Guajira colombiana, la sed es parte del paisaje. En Guatemala, el río Motagua se ha convertido en un cauce contaminado que atraviesa comunidades. En el sur de Brasil, las inundaciones cubrieron barrios enteros bajo el barro. Y en Bolivia, el fuego devoró la Chiquitanía, arrasando árboles y cultura.
La situación actual de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en las Américas refleja un contexto crítico, marcado por la convergencia del cambio climático, desigualdades persistentes, vulnerabilidades económicas y crisis institucionales. Este escenario ha generado un entorno propicio para la erosión democrática y el debilitamiento institucional.
La erosión democrática no solo acompaña la crisis ambiental: también impide dimensionar su magnitud. Mientras la atención se centra en episodios de inestabilidad, los procesos de concentración de riqueza se intensifican. Las poblaciones vulnerables pierden sus territorios mientras el extractivismo avanza sin control, favorecido por corrupción y captura estatal.
La desigualdad, endémica en la región, se mantiene entre las más altas del mundo. El 10% más rico concentra el 66% de la riqueza. El cambio climático agrava estas desigualdades: los eventos extremos desmantelan economías locales, aumentan la inseguridad alimentaria y desplazan a miles de personas. Esto profundiza las brechas estructurales de desigualdad y exclusión. Fenómenos como los incendios forestales afectan gravemente los derechos de comunidades indígenas, afrodescendientes y rurales, cuya vida depende de ecosistemas cada vez más frágiles. Además, la desinformación creciente dificulta la gestión de emergencias y debilita la estabilidad política.
El agronegocio y las industrias extractivas tienen impactos cada vez más graves. Y la reducción de emisiones, así como la transición energética, aunque necesarias para enfrentar el cambio climático, plantean riesgos, por ejemplo, al replicar modelos extractivistas en nuevas áreas, exacerbando los conflictos socioambientales. Esto es particularmente preocupante en una región caracterizada por la violencia contra las personas defensoras del medio ambiente.
Los modelos de desarrollo extractivistas, centrados en la expansión de la agroindustria, continúan promoviendo la concentración de tierras y la implementación de monocultivos, en detrimento de los pequeños agricultores. Más del 50% de la tierra productiva está en manos del 1% de las fincas. Esta concentración desplaza comunidades rurales y precariza el empleo en el sector agroindustrial.
La contaminación de los recursos hídricos y los suelos, la pérdida de biodiversidad y el aumento del nivel del mar amenazan a comunidades rurales y costeras, aumentando la presión sobre los recursos naturales. Eso refuerza la necesidad de considerar a la justicia ambiental como un eje transversal indispensable, enfatizando la importancia de asegurar la participación pública y el acceso a la información en temas ambientales, y adoptar medidas para proteger a las personas defensoras del medioambiente.
La crisis climática ya es una realidad en la región, alertaron en el II Foro Latinoamericano de Economía Verde, que organizó la Agencia EFE y reunió los dos últimos días a organizaciones internacionales, autoridades regionales y especialistas medioambientales.
La sequía y los incendios se arrastran actualmente con virulencia en Brasil, Paraguay y Bolivia, entre otros países de la región.
El Pantanal, el mayor humedal del planeta, sufre este año la peor escasez de agua en 70 años, según señaló Jaime Verruck, secretario de Medioambiente del estado de Mato Grosso do Sul, estado que alberga parte del bioma.
Las zonas más desarrolladas tampoco se libran. El estado de São Paulo, el más industrializado de Brasil, registró 2.522 incendios solo en septiembre, la cifra más alta para el mes desde 1998. Parte de ellos fueron provocados.
Un problema de prioridades
En este contexto, las poblaciones más vulnerables son las primeras en sentir los efectos de estas catástrofes cada vez más dañinas y frecuentes.
«Al indígena en Brasil le afectan siete veces más los cambios climáticos», advirtió Claudio Providas, representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Brasil.
Providas considera que hay que «avanzar» y «ver dónde están las prioridades». En este sentido, denunció la cifra récord del gasto militar mundial del año pasado, que alcanzó los 2,4 billones de dólares, un monto infinitamente inferior en comparación con lo que se invierte en desarrollo.
No obstante, hay soluciones para mitigar y adaptar los efectos del cambio climático, aunque muchas de ellas son a nivel micro.
Las favelas se movilizan
En las favelas de Brasil, hogar de unos 20 millones de personas, se han movilizado para poner en marcha iniciativas que mitiguen los efectos del cambio climático en estas barriadas abandonadas por el Estado y construidas muchas veces en zonas de riesgo para desastres climáticos.
Uno de esos proyectos es ‘Agrofavela-Refazenda’, una huerta de 900 metros cuadrados, en medio de la favela de Paraisópolis, en São Paulo, que además forma «agricultoras urbanas» a través de un curso de formación para mujeres, muchas de ellas víctimas de violencia machista.
Los alimentos producidos de forma sostenible sirven también para otro proyecto, ‘Mãos de Maria’, que a su vez elabora marmitas para familias en situación de inseguridad alimentaria, según explicó Gilson Rodrigues, presidente de la organización G10 Favelas, una organización sin ánimo de lucro que reúne a líderes de las mayores favelas del país.
El reciclaje, una industria desaprovechada
Otro actor fundamental para el medioambiente son los recicladores y el manejo de residuos, una fuente económica que puede ser sostenible y no se aprovecha a plenitud en América Latina.
En Brasil, la gran mayoría de los recicladores trabaja en la informalidad, a pesar de que son responsables del 90 % de todos los residuos reciclados del país. De media, reciben 100 dólares por cada tonelada de material que recogen.
«Faltan incentivos, reglamentación y políticas públicas de inclusión de esos recicladores informales», apuntó Nanci Darcolléte, directora ejecutiva de Pimp My Carroça, una ONG que dignifica el trabajo de los llamados ‘catadores’, muchas veces denigrados por la sociedad.
Por su parte, Carlos Henrique Rossin, director de ESG de la Asociación Brasileña de Residuos y Medioambiente, que reúne a las empresas del sector, apostó por incentivar el reciclaje cobrando una tarifa por basuras a los ciudadanos y eximiendo de impuestos a la actividad.
El foro estuvo patrocinado por ApexBrasil, la agencia brasileña de promoción de las exportaciones e inversiones, y la empresa Norte Energía, operadora de Belo Monte, la quinta mayor central hidroeléctrica del mundo, y contó con el apoyo de Vivo y de la Cámara Española de Comercio en Brasil.
El desafío es construir alternativas desde la justicia climática y el respeto a las comunidades. Aún hay tiempo, si actuamos con voluntad y ponemos los derechos humanos en el centro.
*EL PAÍS, SWISSINFO