YURIRIA SIERRA
Es histórico, en Guerrero ha habido, desde hace años, todo tipo de violencia. Toda añeja. Desde los antiguos cacicazgos, desde la guerrilla de Lucio Cabañas (egresado, por cierto, de la Normal de Ayotzinapa) hasta la más reciente con el EPR y el ERPI. Y, por supuesto, tampoco es nuevo que al interior del estado habitan varias células del narco. Y, mucho menos, que éstas hayan infiltrado a los cuerpos policiacos o, incluso, las estructuras mismas de los gobiernos locales. Recordemos el caso de Rogaciano Alba, exedil de Petatlán asociado lo mismo al Chapo Guzmán que a La Familia Michoacana. Y ahora, tras la caída de varios de los cabecillas de los cárteles más importantes del país (el mismo Chapo, y antes de él los Beltrán Leyva, Los Zetas, etcétera) y la estrategia para cerrar todas las rutas michoacanas, son varios grupos de narcotraficantes (al menos nueve, identificados por la PGR) los que se disputan el control del estado. Y en Iguala particularmente dos: Guerreros Unidos y Los Rojos…
Y en la pesadilla que se vive en ese municipio desde la semana pasada, son más las preguntas que las respuestas. Han sido días tristísimos y angustiantes no sólo para las familias de los estudiantes de Ayotzinapa, sino para el país entero. La coyuntura nos vacía el estómago cuando vemos que son civiles, jóvenes civiles, estudiantes, las víctimas de un ataque que, a sangre fría y con la mayor saña posible, les segó la vida (se destroza el alma de ver la fotografía, por ejemplo, del joven Julio César Mondragón, con el rostro desollado, el cráneo a la vista). Es inexplicable el silencio de Ángel Aguirre los primeros tres días. Es absurdo que, hoy, el alcalde de Iguala tenga licencia de su cargo: permiso también inexplicable que le permitió darse a la fuga. De manera tersa, sin contratiempo alguno. Es inconcebible y profundamente doloroso el salvajismo de las ejecuciones. Inexplicable todo.
El porqué del hecho sigue siendo una pregunta que no ha sido contestada. El móvil. Las posibles respuestas dan para una larga lista de indagatorias que hoy ya fueron atraídas por la Procuraduría de Jesús Murillo Karam. Aunque, para todos, es evidente que todas aquellas posibilidades que se investigan se dirigen a la enorme maraña de nexos que han salido a la luz de personajes políticos conocidos en la región y que ya planeaban los siguientes pasos en su carrera hacia el poder. Desde hace varios años se señaló que José Luis Abarca, el alcalde prófugo, estaba vinculado a células del crimen organizado. Antes de los hechos recientes en Iguala, cuando sucedió el asesinato contra Arturo Hernández Cardona en mayo de 2013, Dolores Padierna instó a las autoridades federales y a su dirigencia partidista para que comenzaran una investigación sobre la figura de Abarca, pero este tema sólo tuvo un acuse de recibo y no pasó nada. Ahora se intenta destejer aquella maraña de corrupción: sabemos que Abarca es cuñado del líder de los Guerreros Unidos; que su suplente —o sea, quien deberá ocupar su lugar en la alcaldía— es hermano de Lázaro Mazón, ex-todos-los-cargos-políticos-posibles en Guerrero, y hoy el apuntado como precandidato a la gubernatura por parte de Morena. Además de ser uno de quienes apoyaron para que aquél —Abarca— llegara a la alcaldía de Iguala. Y a aquél —Aguirre Rivero— a la gubernatura.