POR NOÉ ZAVALETA
Ayer en un aire protagónico y mesiánico, el Procurador General de Justicia del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras amagó con que los “fiscales” y “jueces” que no hayan dado seguimiento, que a propósito hayan aletargado las averiguaciones previas -o las investigaciones- en los casos de desapariciones y que en un acto omiso, las hayan archivado, serán sancionados.
Uno quisiera creer y ojalá así fuera, pero sobre todo, que se encuentren las razones y complicidades, por las que Policías Ministeriales, Agentes del Ministerio Público, Subprocuradores y Jueces archivaban y extraviaban los expedientes de personas secuestradas y de desapariciones forzadas.
Tomando en cuenta, que Bravo Contreras “empezará de cero” esa ardua labor, y que consisten en revisar expedientes del 2010 a la fecha –tiempo en la que arrancó el sexenio de Javier Duarte de Ochoa-, esta columna, le echa la mano, con algunos casos, por demás evidentes, negligentes y emblemáticos en los que se han desarrollado a lo largo y ancho de Veracruz.
Jonathan Celma Rosales, agente aduanal de 26 años desapareció el 29 de julio de 2013. Un comando lo levantó de su domicilio en el puerto de Veracruz, junto con su pareja, Lucero Fontán. Ambos fueron subidos a una camioneta PT Cruiser escoltada por un Bora gris. Lourdes Rosales Cano, madre de Jonathan, presentó la denuncia ante la Séptima Agencia del Ministerio Público (961/2013/7/Ver-08), a cargo de Mario Ramírez. La última vez que la señora Celma acudió al MP, el expediente y el legajo de las averiguaciones previas estaba en el piso. Además faltaba la última hoja de diligencias.
El día del secuestro de Jonathan, el entonces director de la extinta Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI), Mario Delfín Domínguez le dijo: “Es un caso de delincuencia organizada, deme 48 horas y lo resuelvo”. Pasó un año y nada se sabe del paradero del agente aduanal; incluso Domínguez ya fue removido.
Ámbar Nayeli Suárez Rivera, de 24 años desapareció el 2 de octubre del 2013, también en el puerto jarocho, lo último que se supo de ella es que tuvo una cita con su ex novio, un cirujano del IMSS. La averiguación de la procuraduría estatal sobre el caso de su hija (AP 1035-2013-1-Ver-10) fue bloqueada por los agentes ministeriales.
Yolanda Rivera siempre se ha quejado con reporteros que el entonces subprocurador de Justicia, Fernando Vázquez Maldonado, un especialista en derecho electoral y quien incluso ya fue removido del cargo, bloqueó las investigaciones, con el pretexto de que las protestas “no lo dejaban trabajar”.
Gerson Quevedo González fue secuestrado en marzo pasado en el municipio de Medellín de Bravo. Sus padres llamaron al número de emergencias 066 de la SSP para reportar el secuestro. Del otro lado de la línea les respondieron: “Seguramente se trata de un secuestro virtual. Mándenle un mensaje al celular de su hijo; díganle que ustedes están bien, que regrese a casa”. El mensaje quedó asentado en el folio 56699 de la SSP.
Ante la falta de apoyo, la familia Quevedo González optó por negociar con los captores. Aceptó pagar los 50 mil pesos de rescate que les exigieron y se trasladaron a la Plaza Crystal, como se los ordenaron, y ahí dejaron el dinero. Pasaron las horas pero Gerson no volvió a casa. El hermano de Gerson, Alan, portero sub-17 de los Tiburones Rojos, y su cuñado, Miguel Eliacim Caldelas, “salieron a buscarlo”, lo encontraron en una casa de seguridad. Los plagiarios descubrieron a Alan y a su cuñado y tras corretearlos unos metros los acribillaron. Tuvo que pasar una semana después de la ejecución y el secuestro, para que la nueva Unidad Especial Antisecuestros de la procuraduría citara a declarar a los padres del joven secuestrado y asesinado. Las pesquisas nunca se llevaron a cabo en los lugares aledaños al secuestro suscitado en Medellín, a la distancia los Policías Ministeriales desarrollaron las investigaciones.
Giovanni Palmeros Arciga, de 32 años desapareció el pasado 26 de enero, la última vez que se le vio fue afuera del bar La Cantinita, en Boca del Río. A casi 9 meses de su desaparición no se sabe nada de él. Su padre, René Palmeros buscó afanosamente a su hijo en la Dirección de Tránsito y Vialidad; en el Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando; en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la agencia del Ministerio Público, la AVI, la Unidad Antisecuestros, los comercios y discotecas de la zona costera. Todo en vano.
Cuando el señor Palmeros quiso ver los videos de La Cantinita, Juan Carlos Parra Ortega, gerente del bar, se negó. Lo mismo hizo cuando la agente de la Primera Agencia del Ministerio Público, Obdulia Avidal Suárez, hizo una petición formal. René Palmeros lamentó que los oficios para girar una orden de búsqueda a la unidad antisecuestro, por ejemplo, tardaron semanas en librarse.
El 30 de noviembre de 2011 Karla Nallely Saldaña, Jesús Alberto Estrada y otros 10 jóvenes desaparecieron en Xalapa. Karla y Jesús, medios hermanos, iban con una amiga llamada Itzel Quintanilla en el auto de Karla, un Peugeot modelo 2005 número de serie VF39DXFX35S501362. Carlos Saldaña Grajales, padre de Karla y Jesús puso la denuncia penal que quedó registrada en el expediente 2009/11/3ª/ Xal-12.
Casi 3 años después, la impaciencia y desaparición de Saldaña es evidente, cada que asiste a la nueva unidad antisecuestros de la AVI y a la agencia del Ministerio Público donde está arraigado el expediente, los responsables lo reciben con la pregunta: “¿Qué ha investigado usted?”.
Ahí está la tarea, para el procurador, Luis Ángel Bravo, al que columnistas han bautizado como “impecable” e “implacable”, quien el día de ayer, rodeado de militares, policías ministeriales y de la SSP advirtió que los trabajadores que hayan omitido algún expediente serán sancionados administrativamente o hasta penalmente.
Ayer, Bravo dio visos de voluntad y del franco interés de no encubrir, pero solo eso, ahora tendrá que demostrarlo. El fiscal de Veracruz aseguró que hay subordinados “poco comprometidos” que no hicieron nada como si “se hubiera perdido un perrito”.
Y arengó: “Lo voy a meter a la cárcel, habrá quien me esté oyendo ahorita que esté temblado porque lo voy a hacer, hay gente que se tiene que ir”, vanaglorió.
Frase de la Semana: “La sociedad se lamenta, llora, vence el miedo, sale a las calles y clama justicia, seguridad y libertad, nosotros y miles de familias veracruzanas vemos lo mismo. Es imposible no escuchar los reclamos en las calles y plazas públicas de Veracruz. Señor gobernador, nosotros escuchamos, Usted y su gabinete ¿no?”, el diputado panista, Hugo Fernández Bernal arengando al gobernador, Javier Duarte por el tema de seguridad.
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