2015 será un año difícil para todos los gobernadores del país, entre ellos, claro, Veracruz.
Por lo siguiente: de acuerdo con la ley de Contabilidad Gubernamental, el gobierno de la república manejará aún más los fondos federales y multiplicará su vigilancia fiscal para combatir así, entre otros aspectos, la corrupción y la impunidad.
Y, por tanto, y en el caso de los gobernadores, los estragos serán mayores en las secretarías de Salud, Educación y Seguridad Pública, en donde se concentra la mayor inversión tanto estatal como federal.
Pero más aún: según la misma ley, a partir del año entrante cualquier jefe del Poder Ejecutivo estatal que tramite un crédito ante su Congreso local habrá de justificarlo en todos los aspectos ante la autoridad hacendaria y fiscal del altiplano.
Y, por lo tanto, eso de que un gobernador podrá cabildear un préstamo ante su Legislatura sólo con el aval de los diputados locales formará parte de la historia, porque el candado habrá sido cerrado desde Los Pinos.
Además, en ningún momento se trata de una ley, digamos, peñista, sino que fue expedida por el presidente Felipe Calderón.
Así, de cara a la historia, el calderonismo estaría amarrando las manos y los brazos a los políticos pillos y deshonestos que endeudaban las finanzas públicas al cuarto para las doce para que el sucesor pagara.
Por eso, 2015 será más difícil para ganar, primero, la elección de diputados federales, y segundo, de gobernador; pero más aún, para encontrar la fluidez y la liquidez en un país donde la deuda pública alcanza niveles turbulentos y sombríos.
Como en Veracruz, donde según las versiones en los días que corren, quizá hacia enero, interpongan la solicitud de un crédito de diez mil millones de pesos, pues, con todo, las cosas siguen difíciles.
FÉRREO CONTROL
El ramalazo de la ley de Contabilidad Gubernamental pegará en vivo y en directo de manera fuerte en la contratación, por ejemplo, de nuevas plazas.
A partir del año entrante, tanto las delegaciones federales de las secretarías de Estado en cada entidad federativa, como los mismos gobiernos locales, integrarán, claro, las solicitudes laborales, como es tradicional.
Pero ahora deberán enviar tales documentos al gobierno federal donde pronunciarán la última palabra, la aceptación o el rechazo, según un estudio que allá misma dictaminarán y que significa hasta una investigación.
Por tanto será una vez más la centralización de las decisiones públicas; pero para el peñismo, una posibilidad de airear la vida política y más, mucho más luego de la tragedia de Ayotzinapa que encendiera el foco rojo en la Casa Blanca de Barack Obama, en el Vaticano de Francisco y en el parlamento europeo.
Y más cuando México sigue ocupando uno de los primeros lugares en corrupción e impunidad.
DEUDA PÚBLICA IMPERDONABLE
El hecho se agravará más en Veracruz, como en algunas otras regiones federativas, por lo siguiente:
Uno. La elección de diputados federales, que desde hace un ratito son ganadas por el partido mayoritario a partir de la compra de votos a un precio atractivo.
Dos. La elección de gobernador en el año 2016 en un Veracruz donde con otros siete estados nunca, jamás, ha existido la alternancia en el poder.
Tres. Un Veracruz estrangulado por la deuda pública, con el cuarto año de austeridad y cero obra pública estatal.
Cuatro. El fin de un sexenio que en términos generales ha sembrado el descontento y el desánimo en el corazón ciudadano.
Cinco. 10 años de una década perdida, de 2004 a 2014, donde la miseria, el hambre y la jodidez, y el desempleo, los salarios de hambre y la migración a la frontera norte y Estados Unidos han sido la característica.
Seis. Deudas públicas imperdonables: 1,500 millones a la Universidad Veracruzana y 4 mil millones de pesos al Instituto de Pensiones, considerando que se trata de la casa de estudios por excelencia y el organismo de la seguridad social.
MANOS ATADAS
Las alas, pues, serán cortadas a los gobernadores en las secretarías de Salud, Educación y Seguridad Pública, donde más duele, pues por ahí se cuelan demasiados recursos públicos con sentido patrimonialista.
Bastaría recordar la denuncia aquella de los más de 6 mil millones de pesos detectados con irregularidades por la Auditoría Superior de la Federación para el ramo educativo y la denuncia del senador Fernando Yunes de, parece, unos 4 mil millones de pesos en el rubro médico.
Y aun cuando desde el poder aseguran que el asunto está saneado, mucho se duda.
Pero, bueno, la nueva ley habla de que hasta para tramitar un crédito los gobernadores estarán obligados a pedir el favor al gobierno federal y, por tanto, los tendrán con las manos atadas.
Tal desearían los contribuyentes, porque el hecho de que en cada sexenio y trienio aparezcan nuevos ricos en Veracruz y en el país tiene harta a la población.
Y aun cuando, cierto, ya tuvimos una guerra de Independencia y una revolución, ahora las guerras son en la vía electoral, que también suelen ganarse con el billete por delante.