La señora Teresa García Flores exigió justicia para su hija, una menor indígena de 16 años que fue víctima de abuso sexual en el municipio de Ixhuatlancillo, el 11 de junio de 2022.
En conferencia de prensa, enfatizó que, con indignación y tristeza, acudió a la ciudad de Xalapa para alzar la voz contra el sistema de justicia que no solo ha fallado, sino que ha revictimizado a su hija, exponiéndola a agresiones verbales, discriminatorias y
amenazas constantes.
La mujer recordó que el jueves 28 de noviembre, la jueza Norma Landa Villalba, del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito de Orizaba, emitió un fallo absolutorio en favor de Armando Lorenzo Nicolás, del juicio número 22/2024 por el delito de abuso sexual en contra de menores de edad.
“El hombre señalado por mi hija como su agresor. Este fallo, emitido tras un proceso lleno de irregularidades, no solo libera al acusado, sino que envía un mensaje devastador a las niñas y mujeres indígenas que no vale la pena denunciar porque el sistema no les hará justicia”, expresó.
Además, mencionó que no recibieron mecanismos de protección por parte de las autoridades tras realizar una denuncia. La situación se complicó con amenazas a su hija y agresiones hacia su familia, incluyendo la muerte de su perro tras un ataque.
“Mi hija ha sido humillada públicamente en nuestra propia comunidad. Por medio de perifoneos y reuniones públicas la han señalado, insultado y revictimizado. Han dicho cosas tan aberrantes como: que debería estar agradecida de que alguien se fijara en ella o que lo mejor sería casarse, pero ahora quien la va a querer, la chamaca ya no tiene valor ya está violada, en este pueblo ella ya no es una niña es una quedada, cual niña si ya está vieja, para qué usa ropa de putita (todo eso dicen de su hija)”.
También externó su preocupación sobre la imparcialidad de una jueza que desestimó a sus testigos familiares, mientras aceptó los de la defensa.
La familia enfrenta hostigamiento en su comunidad, donde hay un ambiente de revictimización y presión social. Se mencionan personajes locales involucrados en la situación, implicando una red de abuso y complicidad.
La señora solicitó a las autoridades de Veracruz una revisión exhaustiva del proceso judicial, incluyendo las pruebas presentadas y las razones detrás del fallo absolutorio.
“La justicia no debe ser selectiva ni parcial. Exijo al estado medidas de protección para mi hija y mi familia, enfrentamos un riesgo inminente de represalias. Insisto a las autoridades a garantizar nuestra seguridad de manera inmediata. Pido que se investigue a la organización de Mujeres Voluntarias para el Desarrollo de Ixhuatlancillo por posibles irregularidades, dado que su vínculo con el acusado genera sospechas sobre su actuación ética. Esta investigación debe ser notificada al Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil. El pasado 2 de noviembre amenazaron una vez más a mi hija los familiares directos de su agresor, El pasado miércoles 27 de noviembre degollaron a nuestra mascota”, relató.
Teresa García recordó que, según estadísticas de la Secretaría de Gobernación federal, los municipios indígenas en Veracruz presentan altos índices de violencia sexual contra
menores, en gran parte debido a la normalización de estas prácticas por usos y costumbres.
“Este caso representa un precedente histórico, ya que permite visibilizar cómo el sistema judicial está fallando en proteger a las niñas indígenas, quienes enfrentan una doble discriminación: por género y por pertenecer a una comunidad marginada”, remató.