En reiteradas ocasiones, en este generoso espacio que me permite cada semana Excélsior, he explicado la importancia y trascendencia que tiene la educación en las personas. Un gran privilegio para el individuo, así como para las sociedades que cuentan con ciudadanos educados.
Recordemos que, a lo largo de la historia de la humanidad, la educación estuvo reservada de manera exclusiva para beneficio de las élites: la monarquía, la aristocracia y el clero. Todas las investigaciones coinciden en que las mujeres y los pobres nunca tuvieron acceso a la enseñanza.
El conocimiento genera poder. Luego entonces, la educación estuvo celosamente resguardada para asegurar el control de los grupos hegemónicos sobre las grandes mayorías.
Fue hasta la Constitución de 1917 que se estableció a la educación como uno de los primordiales derechos sociales. Se obligó al Estado a impartirla de manera general, laica, gratuita y obligatoria y, gracias a ello, toda la población tuvo la posibilidad de recibirla.
Las mujeres tuvieron acceso a los centros educativos —desde la primaria hasta los estudios superiores— alcanzando el pleno derecho humano a la educación; por lo cual pudieron conocer, entender, ejercer y exigir los demás derechos y garantías constitucionales.
Fue hasta 1958 que las mujeres lograron, al fin, tener el derecho ciudadano de participar en una elección presidencial y, a partir del presente año, una mujer universitaria ocupa la Presidencia de la República. Prueba irrefutable para valorar la importancia de la educación.
La educación es considerada por la Unesco como un derecho humano y fundamental. Asimismo, las principales organizaciones financieras internacionales —como la OCDE, por ejemplo— han pasado de considerarla como uno de los factores que impulsan el desarrollo de los países para considerarla como el principal elemento que determina su progreso.
A pesar de ello, en nuestro país la educación no ha sido una prioridad en los últimos años y no ha recibido el impulso presupuestal debido.
El Presupuesto de Egresos para el año venidero contempla un gasto de alrededor 9 billones 302 mil millones de pesos; y para el ramo educativo se asignaron alrededor de 1.03 billones de pesos, que representa un incremento del orden de 3.36% con respecto al año anterior.
Se ha dicho que es un presupuesto histórico que garantizará la operación de los programas sociales, así como la de los derechos a la salud y educación; aunque en materia educativa —por lo menos el año próximo— no refleja una atención especial ni estratégica. En educación básica no superamos todavía los estragos que ocasionó la pandemia.
En 2024, la UNAM tuvo una asignación presupuestal de 50 mil 418 millones de pesos, mientras que en 2025 ascenderá a un aproximado de 52 mil 182 millones de pesos, es decir, un aumento del 3.5 por ciento.
Pero que, considerando que la inflación de este año será mayor a 5%, representa un decremento en el financiamiento de sus funciones sustantivas que hacen posible el acceso efectivo al derecho humano a la educación de 373 mil 682 alumnas y alumnos.
Apostar por la educación debe entenderse como una inversión estratégica. Garantizar este derecho humano es contribuir, además, a la solución de las causas más adversas y lacerantes de la vida cotidiana, como la inseguridad, la corrupción, la violencia, la delincuencia y la falta de empleo.
Si la prioridad es combatir la pobreza y la desigualdad social, nada hay más importante que apostar por la educación.
Como corolario, la frase de Fernando Savater: “La educación es el único mecanismo de revolución pacífica que hay. La educación es el antídoto contra la fatalidad”.
*EXCELSIOR