Como el campamento en Jalcomulco, donde pobladores defienden al río Los Pescados, otros ejidatarios del norte de la entidad están dispuestos a montar los propios para frenar el avance de Pemex y el ‘fracking’
Así como en Jalcomulco, varios ejidatarios del norte de Veracruz están considerando hacer campamentos para que las empresas como Pemex y otras extranjeras, no lleguen a sus territorios para realizar la técnica de la fractura hidráulica.
Papantla, Chicontepec, Tantoyuca, Castillo de Teayo y Pánuco, son algunos municipios en donde ya se está considerando hacer grupos para informar a la población el riesgo que conlleva el “fracking”, expresó el diputado del Partido del Trabajo, Fidel Robles Guadarrama.
Lo que estos grupos de personas pretenden, es dar a conocer a los pobladores que esta técnica para posibilitar la extracción de gas y petróleo del subsuelo es sumamente peligrosa ya que representa daños a la salud y al medio ambiente.
El legislador dijo que en el caso de Coatzacoalcos –municipio ubicado al sur de la entidad– ya hay organizaciones que han evitado que las empresas ingresen a sus terrenos e incluso se han manifestado por las afectaciones en sus tierras, el agua y sobre todo, los daños en las vías respiratorias y oídos por el ruido de las máquinas.
No obstante, la crisis económica ha sido un factor para que algunos ejidatarios vendan sus terrenos a Petróleos Mexicanos ya que en los mejores casos se les entrega dos millones de pesos por hectárea.
Y mientras esto sucede en el norte del estado, en Jalcomulco –al centro del al entidad– sigue montado el campamento en defensa de los ríos y en contra de la construcción de presas; el cual lleva ya un año y ha logrado buenos resultados gracias al esfuerzo de los ejidatarios y gente que los apoya.
En otro tema Fidel Robles Guadarrama dijo que no ha presentado ninguna demanda en contra del gobernador Javier Duarte de Ochoa y enfatizó que se trata de un juicio político que seguirá investigándose por la falta de probidad y normas, así como el desfalco descomunal y criminal.
“Como en el caso del sector salud y educativo, que han generado menos oportunidades hacia la sociedad”.
Recalcó que nunca hablo de una denuncia sino de un juicio político y en caso de que alguien más demandará por la vía penal, sería el propio Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) el que debería de investigar el caso.