El poder tras el trono en Medellín
Cuentan que en el municipio de Medellín de Bravo no se mueve un lápiz sin que lo autorice un poderoso asesor que obviamente viene de la entrañas del vetusto Partido Revolucionario Institucional. Se trata del exalcalde boqueño Salvador Manzur Díaz, quien después de no lograr que sus amigos Pepín Ruiz y Polo Deschamps fueran alcaldes de Veracruz y Alvarado, respectivamente, ahora es el auténtico poder tras el trono del alcalde Samuel Acosta.
El protagonista principal de aquel funesto capítulo de “Ladrones de Elecciones” ocurrido en el 2013 empezó por imponer a Ericka Mikel Hermida, quien fuera su tesorera en el municipio boqueño.
Y ahora cuentan que planea gastarse el presupuesto en la contratación de artistas para un Festival de Cumbia dizque para detonar el turismo en el municipio productor de piña.
Ocultando la tragedia
Vaya exhibida que se dio el Procurador de Medio Ambiente, Ángel Carrizales, en una rueda de prensa apurada ofrecida la tarde del martes. Tras la confirmación del avistamiento de un delfín muerto en las costas de Alvarado, el funcionario estatal tuvo que salir a desmentir que el deceso del cetáceo era producto del derrame de hidrocarburos (hasta ahí todo bien).
Cuando fue cuestionado por la prensa trastabilló al responder que no tiene conocimiento de otro espécimen marino fallecido en las costas de Veracruz, cuando ha sido evidenciados por los medios de comunicación que cubren el litoral las siete tortugas muertas con marcas de chapopote.
Ángel Carrizales no está realizando su función como protector del medio ambiente y, peor aún, falla a la encomienda de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, con la premisa de «menos escritorio y más territorio», pues se ve que nunca ha salido de su oficina con aire acondicionado.
Plazas a 400 mil pesos
En el ecosistema sindical de Veracruz, algunos líderes han confundido la defensa de los trabajadores con un próspero negocio de extorsión. La denuncia penal presentada contra Gerardo Velázquez Maravert, dirigente del SIMVE, por tráfico de influencias y cohecho, es un recordatorio brutal de que la corrupción magisterial sigue operando en las sombras, bajo rituales de película de espías donde se confiscan teléfonos para pactar ilegalidades.
El testimonio de la maestra Mariana es desgarrador, pues entregó 200 mil pesos en efectivo, producto del esfuerzo tras cirugías y años de espera, a cambio de una estabilidad laboral que nunca llegó. Que un líder sindical tenga el cinismo de amenazar con una «sanción» a quien se atreve a pedir la devolución de su dinero robado, no es solo un delito, es una patología del poder.
¿Cómo es posible que este tipo de personajes sigan operando con total impunidad, a pesar de que las víctimas ya han acudido a los órganos internos sin éxito? La Fiscalía Anticorrupción tiene ahora una prueba de fuego. Si el caso de Mariana termina en el archivo muerto, se estará enviando un mensaje de permiso para que otros «mercaderes de plazas» sigan sangrando el patrimonio de los docentes.