Supuesta venganza
El asesinato del exalcalde de Zongolica, Juan Carlos Mezhua Campos se complica con una versión que desgarra el tejido político: no solo fue un acto del crimen organizado, sino que podría tratarse de una presunta venganza familiar y política que involucra a la esfera del poder local.
La información, proveniente de buena fuente, sugiere que la muerte de Mezhua pudo ser una respuesta a un ajuste de cuentas anterior, derivado de la histórica rivalidad de cacicazgos en la zona. Específicamente, se apunta a una revancha por el asesinato de un exlegislador de la familia de Benito Aguas Atlahua, presuntamente a manos de gente cercana a Mezhua. Este círculo de violencia exhibe cómo la política local se mezcla con nexos con “los malos”.
El hermetismo oficial que ha rodeado la investigación ahora cobra sentido: el caso no es un simple homicidio, sino una intrincada red de poder, venganza y crimen organizado. Pero quizás el elemento más escalofriante es la presunta complicidad o, en el mejor de los casos, la negligencia extrema de las autoridades. El hecho de que la Guardia Nacional, estando a pocos pasos del crimen, tardara tres horas en llegar al lugar de los hechos, sugiere un acuerdo tácito de no intervención. Este retraso no solo frustra la justicia, sino que confirma la sensación de que las reglas en esa región no las dicta el Estado, sino la ley del más fuerte y de la vendetta.
Estrategia y supervivencia
El anuncio de la diputada federal de Morena, Gabriela Jiménez Godoy, desde Palacio Nacional, clarifica la estrategia electoral de la 4T para los próximos comicios. La directriz de la virtual presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, es inamovible: la alianza Morena-PVEM-PT continuará fuerte y unida a nivel federal.
La razón es pragmática, se busca mantener la mayoría calificada obtenida en el Congreso, una prioridad política indiscutible. La lealtad federal está asegurada; la prueba es que Claudia Sheinbaum ha refrendado la coalición con el objetivo de consolidar el proyecto de nación.
Sin embargo, la diputada Jiménez Godoy también expuso el lado pragmático y “elástico” del pacto, pues a nivel local, la alianza no será incondicional. El Partido Verde y el Partido del Trabajo tienen la obligación de conservar un “número mínimo de votación” para mantener su registro y obtener más prerrogativas, lo que los forzará a competir en solitario en ciertos distritos y municipios.
Este cálculo de supervivencia, aunque genere “pugnas y guerra de declaraciones” en los estados, es crucial para los partidos minoritarios. Demuestra que la coalición, más que una unión ideológica total, es una estrategia de ajedrez electoral meticulosamente diseñada. La 4T camina unida cuando la meta es el control federal, pero permite a sus aliados separarse tácticamente en lo local, asegurando que todos los componentes mantengan su vitalidad financiera y política.
Sin sustento señalamientos en RTV
La polémica contra el director de RTV, Alejandro Esteban Sosa Benítez, carece de sustento. Acusarlo de “vender notas” no solo ignora cómo funciona un medio público, sino que parece responder más a un intento de desgaste político que a una denuncia real.
RTV no puede comercializar coberturas: no existe un mecanismo institucional para facturar ni recibir pagos por contenidos. Por eso, la declaración de Sosa Benítez resulta coherente y desmonta fácilmente el señalamiento.
Sosa Benítez lo explicó claramente ante los medios: Al ser un OPD, claro que pueden generar recursos propios, cobrando por servicios, pero esos servicios incluyen renta de equipo, de estudios, producciones, etcétera. Servicios que son facturados a través de Sefiplan; y las notas no entran en este tipo de servicios.
En un ambiente de tensiones y reacomodos, estos rumores buscan sembrar sospecha más que revelar hechos. Y en este caso, la narrativa se cae sola: no hay pruebas, no hay estructura para hacerlo y no hay más que ruido político disfrazado de acusación.