¿Cobro de piso o crimen político?
El brutal asesinato del exalcalde de Zongolica, Juan Carlos Mezhua no es un crimen aislado, es el dramático desenlace de un flagelo que azota impunemente a Veracruz: el cobro de piso. Según reportes de muy buena fuente, el exedil fue víctima de una espiral de extorsión, donde las cuotas exigidas aumentaban sin freno hasta que, al no poder cubrirlas, la sentencia fue la muerte.
Este caso desnuda la cínica operación del crimen organizado, que ha convertido el cobro de piso en una estructura de terror. La tragedia no solo cobró una vida, sino que revela una parálisis social y una migración forzada de ciudadanos y empresarios que huyen ante la amenaza constante. La gente de la región no denuncia, y las familias de las víctimas guardan silencio por un miedo legítimo a represalias. Incluso, la familia del exalcalde, a pesar del dolor, se enfrenta al dilema de la resistencia, sabiendo que “el tema está muy duro” y que el costo de la verdad puede ser demasiado alto.
La muerte de un exfuncionario por presuntamente no poder pagar la cuota es un indicador de que, en esa zona, el poder de la delincuencia es superior al del Estado. La seguridad no puede ser un privilegio, y la justicia no puede ser rehén de la delincuencia. Es urgente que las autoridades rompan el silencio y el miedo, desmantelando estas redes que operan a la luz del día y obligando a los ciudadanos a vivir de rodillas. Sin embargo, tampoco se puede dejar de lado la posibilidad de que este caso pueda tratarse de un crimen político.
Juego de ajedrez político
El proceso de designación del próximo Fiscal General del Estado (FGE) en Veracruz parece estar planchado antes de su inicio formal. La gran favorita es la expresidenta del Poder Judicial, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre. Mientras figuras como Tomás Mundo o, incluso, Amado Cruz Malpica se presentan en la contienda, su participación es leída como una mera simulación para legitimar un proceso cuya decisión ya está tomada.
En el juego de ajedrez político, estos nombres cumplen la función de “lisas” que desvían la atención, garantizando que el camino quede libre para la candidata elegida.
El movimiento de Jiménez Aguirre del Poder Judicial a la Fiscalía no es trivial. Llega en un momento álgido. Si el nombramiento de Jiménez Aguirre está orquestado, su primera tarea será deslindar y sanear la FGE. La nueva titular debe demostrar que no llega solo a ocupar un espacio, sino a garantizar una justicia que, históricamente, ha estado bajo sospecha.
El TEV y la violencia de género
El fallo del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) en el caso de Ivonne Trujillo es una ofensa a la lucha contra la violencia política de género. El Tribunal reconoció la brutalidad de la campaña misógina y digital contra la candidata de Movimiento Ciudadano en Altotonga, admitiendo que los ataques fueron “excesivos” y “machistas”. Y, sin embargo, la elección fue validada.
Esta decisión es la prueba más clara de que en Veracruz, la violencia de género es una variable que solo se penaliza cuando conviene.
La magistrada Tania Celina Vázquez Muñoz, que reconoció la agresión, es parte de la misma instancia que sí anuló la elección en Jáltipan por violencia contra una candidata de Morena. El mensaje que envía el TEV es devastador: hay mujeres de primera y mujeres de segunda para la justicia electoral. ¿Cuál es el umbral para anular una elección por violencia contra una opositora? ¿La agresión física? El tribunal se refugia en una diferencia porcentual de 6.7%, pero minimiza el efecto sistémico y corrosivo del ataque misógino en el ánimo y la participación.
La consigna feminista “no llegaron todas” hoy resuena como una crítica al propio sistema de justicia. Las magistradas del TEV, que deberían ser garantes de los derechos de todas las mujeres, han fallado no solo a la ley, sino a la causa que dicen abrazar. El sistema reconoce la herida de Ivonne Trujillo, pero se niega a reparar el daño, confirmando que la hipocresía institucional es el peor agresor. La lucha por la equidad es inútil si la justicia solo tiene un color.