La voluntad en Poza Rica
La democracia ha emitido su veredicto final. La reciente resolución de la Sala Superior del TEPJF, que ratifica de manera definitiva el triunfo de Morena en el municipio de Poza Rica, marca un cierre inobjetable al proceso electoral. Como bien lo señaló el dirigente estatal, Esteban Ramírez Zepeta, es la voluntad del pueblo la que prevalece y se respeta en la máxima instancia judicial.
Este triunfo es mucho más que una mera victoria en las urnas; es la consolidación del mandato ciudadano que eligió el camino de la transformación para Poza Rica y, por extensión, para Veracruz.
Fortalece la confianza en las instituciones y reafirma que el proyecto de Morena se construye sobre los cimientos de la legalidad y la justicia social. Sin embargo, el festejo tiene un matiz de urgencia y compromiso. Ramírez Zepeta fue enfático: tras la ratificación viene «mucho y más trabajo». La atención ahora se enfoca en la reconstrucción y el apoyo a los damnificados por las recientes inundaciones.
Este es el verdadero examen de la Cuarta Transformación: demostrar que la cercanía con la gente no termina en la campaña. La dirigencia y militancia deben seguir trabajando, con la bandera de «no mentir, no robar y no traicionar», para que Poza Rica pase de la victoria electoral a la victoria social, recuperándose y avanzando con paso firme. La transformación sigue.
Incoherencias naranjas
La política veracruzana está llena de acrobacias, pero pocas tan evidentes como la «patada de ahogado» del diputado Adrián Ávila Estrada, el autodenominado «Chino». Su reciente arremetida pública, donde tacha de mezquino a quien lucra con la tragedia del norte de Veracruz, es un boomerang que golpea no solo a sus excompañeros de la Fuerza Naranja, sino a la coherencia misma.
Lo irónico es que, mientras condena la «raja política» de la desgracia —llevándose entre los pies incluso a Jorge Álvarez Máynez—, el aún legislador no ha brindado apoyo tangible a los veracruzanos damnificados por la Vaguada. Su llamado a dejar el «apetito político» de lado choca con su propia inacción social. El distanciamiento con Movimiento Ciudadano es un secreto a voces, y la prioridad de Ávila parece estar lejos de la gente. Su hiperactividad en el Congreso, donde se reporta que «no ha dejado de concretar los negocios» con la bancada de Morena, sugiere que su curul se ha convertido en una plataforma de intereses personales, pensando en la inminente llegada de Luis Carbonell.
El «Chino» Ávila utilizó el impulso de un partido en crecimiento para regresar a un cargo, pero desde que asumió, el beneficio para la ciudadanía ha sido nulo. El costo de esta incoherencia no es solo el distanciamiento político, sino la traición a los principios de representación. La ciudadanía merece diputados activos en la desgracia, no solo en la víspera de la negociación.
PT contra la UV
Hasta en Partido del Trabajo (PT) coincide en que el ambiente en la Universidad Veracruzana (UV) se percibe cargado. El descontento que fermenta en diversas expresiones al interior de la máxima casa de estudios tiene un epicentro claro: la ambigüedad en torno a la continuidad de su Rector. El coordinador estatal del PT, Vicente Aguilar Aguilar, indicó que es es urgente que la Junta de Gobierno o el Consejo Universitario actúen con la transparencia que la Ley de Autonomía exige. La confusión generada al diferenciar, o quizás disfrazar, la reelección bajo el término de «prórroga» está erosionando la confianza institucional.
La Ley es clara: si la continuidad del rectorado se da a través de una prórroga, esta debe, por principio de legalidad y equidad, cumplir con los mismos lineamientos y requisitos establecidos para la reelección. De lo contrario, no estamos ante un simple tecnicismo, sino ante una potencial ilegalidad en el ejercicio de las funciones del actual Rector.
La comunidad universitaria y la sociedad veracruzana merecen una clarificación definitiva. La legalidad no es negociable en un ente autónomo dedicado a la formación y al pensamiento crítico. La Junta de Gobierno tiene la responsabilidad histórica de disipar esta niebla jurídica y asegurar que la máxima autoridad de la UV se rija por el mandato de la Ley, garantizando así la estabilidad y el prestigio de nuestra universidad.