Desgaste en Palacio
La política veracruzana atraviesa uno de sus momentos más tensos, y el epicentro de la presión parece ser el despacho del Secretario de Gobierno, Ricardo Ahued. Detrás de la fachada de orden, se rumora un desgaste insostenible que ha llevado al funcionario a intentar, sin éxito, presentar su renuncia en al menos dos ocasiones. La crisis es multifactorial. Por un lado, la agenda de seguridad en la entidad se ha convertido en un peso abrumador. Peor aún, se señala un cáncer estructural en las corporaciones: la presunta infiltración de elementos de Seguridad Pública con grupos delictivos, lo que paraliza las purgas por el temor a quedarse sin el mínimo de efectivos.
A esto se suman los estragos de las recientes inundaciones, sumando la gestión de desastres a un plato ya rebosante. Pero el factor más preocupante es el personal: se dice que el secretario Ahued ha puesto su salud —que supuestamente enfrenta serios quebrantos— como límite, negándose a sacrificar su bienestar por la permanencia en el cargo.
De confirmarse los rumores, la renuncia podría ser inminente, con diciembre como fecha límite. La alta probabilidad es que la silla sea ocupada por José Manuel Pozos Castro, actual subsecretario de Gobierno, una jugada que marcaría un giro significativo en la estrategia del gabinete. El reloj corre, y el desgaste parece estar cobrando sus primeras y costosas víctimas políticas.
Violencia con sello de regalo
La nueva cara de la inseguridad en México no viene con el estruendo de un enfrentamiento, sino camuflada en un perfume o, peor aún, en una ofrenda. La alerta emitida por el ayuntamiento de Papantla sobre veladoras artesanales explosivas distribuidas como «regalo» por el Día de Muertos, es más que una noticia de seguridad, es el escalofriante retrato de cómo la violencia ha aprendido a mimetizarse con nuestras tradiciones y vulnerabilidades.
Que un objeto destinado a honrar la memoria se convierta en una trampa mortal no es casualidad. Es la continuación de una táctica ya vista en el municipio con los paquetes de «perfumes» explosivos, una muestra de crueldad que busca el terror dirigido y personalizado. Mientras tanto, en la sierra de Badiraguato, Sinaloa, la situación ya escaló a la alta tecnología: el gobernador confirma ataques con drones armados, que han forzado el desplazamiento de pobladores.
Ambos casos, aunque geográficamente distantes, ilustran una tendencia peligrosa: la capacidad del crimen organizado para innovar y degradar el tejido social, sea usando el folclor para sembrar el pánico o la tecnología para ejercer el dominio territorial. La exigencia a las autoridades no es solo desarmar estos artefactos, sino desmantelar la macabra imaginación que los concibe. La ciudadanía debe estar en alerta: el peligro ya no es evidente, ahora tiene «sello de obsequio».
Jalón de orejas
El llamado del diputado del PT, Ramón Díaz Ávila, no es un simple recordatorio legislativo, es un urgente jalón de orejas a las próximas administraciones municipales de Veracruz. La revelación es alarmante: solo cinco de 212 municipios cuentan con un Atlas de Riesgo actualizado. Esto significa que la gran mayoría del estado, históricamente golpeado por desastres naturales, está gobernando a ciegas. El Atlas de Riesgo no es un documento burocrático, es un mapa que salva vidas. Sin él, tal como se lamentó Díaz Ávila, los municipios actúan con «acciones empíricas» y sin planeación.
Las recientes inundaciones en la zona norte demostraron esta dolorosa verdad, obligando a las autoridades a recurrir únicamente a paliativos mientras la ayuda real dependía de la coordinación estatal y federal. El legislador acierta al plantear que la elaboración del Atlas debe ser un asunto prioritario en el proceso de entrega-recepción y ejecutarse en los primeros 90 días de gestión a partir de 2026. Esta herramienta no solo identifica zonas vulnerables a deslaves o inundaciones, sino que también, establece las capacidades operativas para responder ante cualquier emergencia, desde fugas de gas hasta epidemias.
El punto final y más crítico es la impunidad. Es inaceptable que se multe a un negocio por incumplir normas de Protección Civil, pero nadie sancione a los Ayuntamientos por no cumplir con su deber elemental de garantizar la seguridad de sus ciudadanos. La prevención es una obligación legal y moral, y el costo de su omisión se mide en pérdidas humanas y materiales. Es hora de que los futuros alcaldes asuman su responsabilidad o rindan cuentas por su irresponsabilidad.