Opaca transición municipal
La transición de poderes en los municipios veracruzanos, un proceso que debería ser ejemplo de transparencia y rendición de cuentas, parece estar siendo opacada por un turbio esquema de presión y tráfico de influencias. El protagonista de estas denuncias es Víctor Serralde, expanista de dudosa reputación, quien supuestamente está abordando a alcaldes salientes con una propuesta delicada: entregar los procesos de entrega-recepción a su despacho contable a cambio de una promesa de «limpieza» e impunidad ante el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS).
Lo más grave es la mención directa de la titular del ORFIS, Delia González Cobos, a quien Serralde utiliza -junto a la figura del extitular René Mariani Ochoa, visto acompañándolo en estas visitas- como aval de un supuesto acuerdo de alto nivel. Esto sugiere que el despacho contable opera bajo un manto de inmunidad garantizada. Si estas acusaciones son ciertas, estamos ante un claro caso de extorsión y posible corrupción, donde se usa el prestigio de una institución clave para la fiscalización, como el ORFIS, para obtener contratos millonarios. El silencio de la Auditora General ante el uso de su nombre y el de su institución se vuelve insostenible.
La credibilidad del ORFIS está en juego. Doña Delia González Cobos debe, sin demora, desmentir categóricamente ante las autoridades salientes la existencia de cualquier acuerdo que permita a Serralde y Mariani operar como gestores de impunidad. Es imperativo salvaguardar la autonomía del ORFIS y asegurar que los procesos de transición se realicen bajo la estricta lupa de la ley, y no bajo la sombra de un despacho contable con conexiones turbias. La transparencia no se negocia, y la impunidad, menos.
¿Justicia o fuero?
La noticia de que la Fiscalía General de la República (FGR) ha asegurado el corralón «Grúas y Maniobras de México» en Veracruz, propiedad del diputado local José «Pepín» Ruiz Carmona, es más que un simple acto judicial; es una bofetada al rostro de la impunidad política.
El cateo, ejecutado con la fuerza de la Marina y la Policía Estatal, y sellado por orden de un juez federal, confirma lo que por años fue un ominoso «secreto a voces»: que las instalaciones del legislador supuestamente sirvieron como guarida para vehículos vinculados a crímenes atroces, incluyendo secuestros, robos y asesinatos.
No es la primera vez que la justicia toca a la puerta de esta empresa. Las diligencias previas de marzo ya apuntaban a una colusión directa entre el diputado y grupos delictivos que operaban libremente en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. Es indignante pensar que un representante popular, electo para servir a sus ciudadanos, haya estado «embarrado hasta el cuello» en la protección de la delincuencia.
Ahora, la mirada se centra en el Congreso Local. La ciudadanía exige una respuesta clara: ¿protegerán a uno de los suyos bajo el manto del fuero constitucional o permitirán que la justicia siga su curso?
La ley es clara: la protección constitucional no debe ser un escudo para la criminalidad.
Veracruz, un reto electoral
La imagen compartida por la dirigencia de Morena, basada en una encuesta de Demoscopia Digital, no es solo un mapa; es una declaración de guerra electoral de cara a 2027. Muestra a Morena arrasando en quince entidades, pintando de guinda la mayor parte del país, y relegando a la oposición a una mínima expresión.
Si bien Veracruz no aparece con una etiqueta directa de victoria, su coloración en el mapa, junto con el resto del sur y sureste, claramente lo ubica en la órbita de la aplanadora obradorista. El mensaje para el estado es contundente: el partido en el poder nacional no piensa ceder su bastión costero.
La aparente invencibilidad que proyecta este mapa trae consigo una doble lectura para los veracruzanos. Por un lado, da tranquilidad a la militancia y envía una señal de unidad y continuidad bajo la bandera de la Cuarta Transformación. Por otro, plantea un desafío monumental para la oposición, que parece destinada a luchar por migajas en un entorno nacional polarizado.
Para Veracruz, el verdadero debate no es si Morena ganará, sino con quién lo hará. La elección estatal se convertirá en un referéndum sobre la gestión actual, con la inercia del movimiento nacional como un motor casi imparable. El mapa de 2027 es un llamado a la acción para la clase política veracruzana: la competencia interna por la candidatura de Morena será, a todas luces, más intensa y decisiva que la elección constitucional misma.