Buenos Aires (EFE).- La expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) solicitó a la Justicia cumplir la condena de seis años de prisión por el delito de administración fraudulenta, ratificada este martes por la Corte Suprema, en su domicilio en el barrio de Constitución, en Buenos Aires.
La solicitud, a la que tuvo acceso EFE, la presentó formalmente el abogado de la exmandataria, Alberto Beraldi, ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 -que en 2022 condenó a Fernández por irregularidades en la concesión de obras viales- e indica que el domicilio propuesto es el que actualmente habita la dirigente peronista en el barrio porteño de Constitución.
La Corte Suprema ratifica la condena de prisión
“Que se autorice a nuestra representada a cumplir la pena privativa de libertad impuesta en autos bajo la modalidad de detención domiciliaria”, señala el escrito presentado ante el tribunal. La vivienda se encuentra ubicada en la calle San José, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El pedido se conoció un día después de que la Corte Suprema dejara firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua del ejercicio de cargos públicos contra Fernández, de 72 años.
La legislación penal argentina permite que las personas mayores de 70 años accedan al beneficio de prisión domiciliaria, siempre que se cumplan determinadas condiciones y lo autorice el tribunal correspondiente.
El plazo para presentarse en los tribunales
El tribunal le dio este martes un plazo de cinco días hábiles para presentarse ante los tribunales de Comodoro Py para su detención. En paralelo, requirió al Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina que en el término de 24 horas asigne una dependencia de las fuerzas federales que cumpla con las condiciones adecuadas para alojar a la condenada, teniendo en cuenta su edad, condición de exmandataria y el intento de asesinato que sufrió en 2022.
Respecto de la pena de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, que también se impuso a Fernández en la condena dictada en 2022, el tribunal oral dispuso notificar a la Cámara Nacional Electoral de que la sentencia ha quedado firme.
Fernández había anunciado la semana pasada su intención de presentarse como candidata a legisladora provincial en las elecciones a celebrarse en septiembre en la provincia de Buenos Aires, el mayor distrito electoral de Argentina.
La exmandataria y actual presidenta del Partido Justicialista (PJ, peronista) afirmó este martes, tras conocerse el fallo de la Corte, que la Justicia le ha puesto restricciones al voto popular al impedir que haya una alternativa política cuando el modelo del Gobierno del ultraderechista Javier Milei se derrumbe.
Cristina Fernández llevará el caso «al mundo»
Por su parte, Gregorio Dalbón, uno de los abogados de la expresidenta Fernández, anunció que intentarán revertir la decisión de la Corte Suprema a través de organismos internacionales.
«Vamos a llevar el caso al mundo. La persecución contra Cristina Fernández de Kirchner ya ha sido denunciada ante la Corte Penal Internacional (CPI), por tratarse de un caso emblemático de detención y criminalización selectiva», escribió Dalbón en su perfil de la red social X.
Además, anticipó que también realizará una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde alegará que los tribunales fueron parciales, la vulneración sistemática del debido proceso y el uso del sistema penal como herramienta de neutralización política, entre otros argumentos.
«La Convención Americana y la Constitución Argentina obligan a revertir esta sentencia», añadió el abogado, que consideró que la condena contra Fernández «no constituye el desenlace de un proceso justo: marca, en cambio, el punto más oscuro de una operación sistemática de hostigamiento”.
Según el abogado, el fallo “no resiste el más mínimo control de constitucionalidad ni de convencionalidad” y se trata de “una construcción artificial” que vulnera garantías básicas del debido proceso.
“Cristina no fue juzgada: fue condenada por anticipado por un tribunal que actuó sin independencia ni imparcialidad”, añadió, y consideró que la lucha que emprenderá ahora en los tribunales internacionales «es también por la vigencia del Estado de Derecho, por el futuro de la justicia argentina y por una política sin miedo».