Veracruz se mantiene como una de las entidades con mayor riesgo para quienes defienden el territorio y la riqueza natural, en un contexto nacional donde el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) ha identificado al propio Estado como el principal agresor.
En el informe correspondiente al periodo 2025-2026, Veracruz destaca por la persistencia de agresiones vinculadas a la defensa del sector hídrico y la biodiversidad, sectores que a nivel país acumularon la mayor cantidad de incidentes.
Los defensores veracruzanos, particularmente aquellos que se oponen a proyectos que comprometen las cuencas de los ríos en la zona centro y las áreas naturales en la región norte, enfrentan un patrón de violencia que incluye la estigmatización, la intimidación y la difamación, tácticas que buscan deslegitimar su labor antes de escalar a agresiones físicas o procesos de criminalización judicial.
La situación en la entidad es especialmente crítica debido a la prevalencia de conflictos por el agua, ámbito que registró 59 eventos de agresión a nivel nacional y que en Veracruz tiene focos rojos en comunidades que luchan contra la privatización de servicios o la contaminación industrial de afluentes.
A esto se suma el alarmante aumento de la violencia de género, con un incremento del 61.8% en víctimas femeninas respecto al ciclo anterior. En Veracruz, las mujeres defensoras de los derechos humanos ambientales, quienes suelen encabezar las guardias comunitarias y los comités de agua, son blanco constante de hostigamiento y amenazas, una violencia estructural que se replica tanto en el espacio físico como en el virtual a través de campañas de desprestigio orquestadas desde el anonimato.
Dentro del panorama estatal, las comunidades de identidad nahua y totonaca han sido identificadas como grupos de alta vulnerabilidad.
El informe del CEMDA subraya que la defensa del territorio frente a proyectos energéticos y vías de comunicación ha puesto a estas poblaciones en la mira no solo de las autoridades, sino también de empresas privadas y grupos de la delincuencia organizada, que figuran como los segundos y terceros agentes agresores con mayor registro.
En Veracruz, la falta de una política pública que proteja de manera efectiva a los defensores rurales ha permitido que el subregistro de agresiones persista, ya que el temor a las represalias impide que muchas familias presenten denuncias formales ante la Fiscalía local o el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras.
Ante este escenario, organizaciones civiles en Veracruz han hecho eco de las recomendaciones de Gustavo Alanís Ortega, director del CEMDA, exigiendo que el gobierno estatal y la federación asignen recursos humanos y financieros suficientes al sector ambiental para este 2026.
La urgencia radica en cumplir con la hoja de ruta del Acuerdo de Escazú, que garantiza el acceso a la justicia y la protección de defensores en asuntos ambientales.