Transparencia Internacional define a la corrupción como: “El abuso del poder público para beneficio privado”, cuyos efectos adversos se materializan en la erosión de la confianza ciudadana; el debilitamiento de la democracia; la obstaculización del desarrollo económico y la exacerbación de la desigualdad, pobreza, división social y crisis ambiental.
Este cáncer social afecta a todas las sociedades del orbe en mayor o menor grado. En octubre de 2003, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción para procurar fortalecer la cooperación internacional en materia de prevención y combate a estas conductas, así como promover la rendición de cuentas y la debida gestión de los asuntos y bienes públicos.
Asimismo, se designó al 9 de diciembre como el Día Internacional contra la Corrupción, con el ánimo de crear conciencia y difundir los alcances de la Convención.
Nuestro país padece de los efectos más adversos de las conductas de corrupción.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a través de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2023, reportó que 14 de cada 100 personas —de 18 años y más— que tuvieron contacto con servidoras o servidores públicos, experimentaron algún acto de corrupción, en al menos uno de los pagos, trámites y solicitudes realizados.
El Inegi también informa que a nivel nacional las personas que consideran frecuentes o muy frecuentes los actos de corrupción, es de 83.1 por ciento. Por entidad federativa, la percepción más alta es en Chiapas, con 88.3% y la más baja en Querétaro, con 68.4 por ciento.
Es alarmante que, ante estos actos, sólo 4.8% de las víctimas de corrupción mencionaron haberlo denunciado ante la autoridad competente, lo que genera uno de los efectos más adversos de cualquier delito: la impunidad.
El fenómeno está enraizado en la memoria colectiva. Pero no sólo eso, su afectación al desarrollo económico a nivel nacional se estimó —también en 2023— en alrededor de 11 mil 910 millones de pesos, lo que equivale a tres mil 368 pesos promedio por persona.
Por entidad federativa, dichos datos tienen su mayor cifra en la Ciudad de México, con seis mil 471 pesos promedio por persona; y la menor, en Chihuahua, con 827 pesos.
Ante este panorama, es preciso que, con la desaparición del Inai, el gobierno establezca políticas públicas, sistemas y defina qué dependencias y entidades estarán a cargo de garantizar el derecho humano de acceso a la información pública, pues la transparencia se convierte en una herramienta ciudadana para exigir rendición de cuentas en los asuntos públicos y es un elemento indiscutible que previene y combate la corrupción.
Por otro lado, la mejor manera que el presente gobierno puede combatir las prácticas de corrupción que le han sido heredadas, es tratando de activar al Sistema Nacional Anticorrupción a que se refiere el artículo 113 de la Constitución.
Se trata de una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno para la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, que de manera inexplicable nunca se ha hecho funcionar en realidad.
Los sectores público, privado y social deben hacer sinergia para construir un Estado en donde la corrupción no siga siendo una costumbre reiterada. Y que no se permita —y en su caso se castigue con severidad— a cualquier persona que utilice los bienes públicos para privilegiar sus intereses personales o de grupo.
Como Corolario la frase del exsecretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan: “Si la corrupción es una enfermedad, la transparencia es una parte medular de su tratamiento”.