Las campañas electorales no deben ser motivo para desatender los demás temas relevantes de la agenda nacional. Uno de ellos es la crisis de inseguridad y violencia que azota al país y su estrecha relación con la certificación de las policías.
Según datos ofrecidos en el último reporte de la incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el primer bimestre de este año fueron asesinadas en nuestro país el escalofriante promedio de 118 personas cada día.
Si bien a nivel nacional los homicidios bajaron —al pasar de 7,049 casos en el primer bimestre del año 2020 a 7,016 homicidios en los dos primeros meses del 2021— los asesinatos se dispararon en diez entidades federativas.
Por ejemplo, San Luis Potosí pasó de 134 casos en el primer bimestre del año 2020 a 153 para este 2021, un incremento del 14%; y el caso más significativo es Zacatecas que de 110 homicidios en los dos primeros meses de 2020 saltó a 247 homicidios en el mismo periodo de 2021. Un incremento del 126 por ciento.
Resulta importante recordar que la seguridad pública es una función del Estado que está a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad, el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social. Así lo señala con claridad el artículo 21 de nuestra Constitución.
En gran medida el éxito de la seguridad pública depende del correcto funcionamiento y operación de las policías, cuya preparación y profesionalización deben estar certificadas, proceso que está lejos de ser satisfactorio.
En el 2009 fue publicada la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la cual señaló un plazo de doce meses para que los integrantes de las instituciones de seguridad pública debieran obtener la certificación correspondiente, de lo contrario tendrían que ser separados del servicio. Ese plazo venció en enero de 2010.
Con posterioridad, en 2016, el Consejo Nacional de Seguridad Pública publicó los lineamientos para la emisión del Certificado Único Policial, documento que acredita que los policías cuentan con los conocimientos, el perfil, las habilidades y las aptitudes necesarias para el desempeño de su cargo, fijando un nuevo plazo de tres años para la obtención de tal documento. Ese plazo venció en septiembre de 2019, pero ante el inminente nuevo incumplimiento se fijó una nueva ampliación de dieciocho meses, el cual feneció en marzo de este año.
A 11 años de la fecha inicial en que los cuerpos policiacos en México debían haberse certificado —y tras el incumplimiento de todos los aplazamientos—, de los 346,258 policías estatales que existen, sólo el 46% de ellos cuenta con el certificado correspondiente.
A lo anterior habrá que sumar el reto de certificar también a los elementos de la Guardia Nacional —que desempeñan labores de Seguridad Pública a nivel federal— cuyo número actual asciende a alrededor de 90 mil efectivos.
En resumen, a pesar del tiempo transcurrido, el clamor ciudadano y la corresponsabilidad de autoridades federales y estatales, hace falta capacitar y certificar a más de 249 mil integrantes de las instituciones de seguridad pública en el país.
Ante el aumento de la violencia e inseguridad, es urgente que México cuente con más y mejores policías. De lo contrario, es imposible que podamos decir que vivimos en un auténtico Estado democrático y constitucional de derecho.
Cómo Corolario, la frase del pensador, jurista, político e historiador francés Alexis de Tocqueville: “Los pueblos democráticos temen naturalmente al desorden y el despotismo”..
TOMADO DE EL UNIVERSAL