Por Raúl Contreras Bustamante
La teoría constitucional nos enseña que la esencia y función primordial que hace marchar al Estado moderno es proporcionar seguridad al ser humano, porque impide que las diferencias sociales se resuelvan mediante el uso de la fuerza física y la violencia.
Y es que la seguridad tiene como objeto particular la protección de las personas contra las diversas amenazas que pongan en riesgo su integridad física y emocional, quebrantando a la vez la paz en la sociedad. Así, la mayor amenaza a la vida social es la violencia, la cual azota al país sin piedad y que se ha recrudecido con motivo del proceso electoral.
Las elecciones del domingo 6 de junio de este año serán las más grandes en la historia del país, no sólo porque podremos ir a las urnas casi 94 millones de electores, sino también por el número de cargos en disputa. Se elegirán 15 gubernaturas y en las 32 entidades federativas habrá elecciones locales de diputados, ayuntamientos y alcaldías concurrentes con la elección para renovar la Cámara de Diputados federal. Se trata de un total de alrededor de 21 mil cargos de elección popular.
Por desgracia, la violencia se ha convertido en un mal endémico de nuestro país, que ha permeado todos los renglones de la vida pública: la política y los procesos democráticos no han podido escapar de ello.
La situación es por demás alarmante. Según el Cuarto Informe de Violencia Política en México 2021, el proceso electoral de este año es —hasta el momento— el segundo más violento en dos décadas. Tan sólo el número de políticos y aspirantes asesinados es 30% mayor que el de las elecciones de 2015.
A escasos días de la elección, la violencia contra candidatas y candidatos se sigue disparando, con un saldo de casi 500 agresiones contra políticos y candidatos, de los cuales 88 han culminado con la muerte de ellos.
Tres datos de llamar la atención: el 41% de los aspirantes y candidatos agredidos son mujeres, el 69% de los casos se concentran en aquellos que buscan un cargo en el orden municipal y, por último, el 78% de las víctimas pertenecían a partidos opositores a los gobiernos estatales.
La violencia que vive el país pretende impactar de manera directa en nuestros procesos de participación democrática, porque inhibe a los ciudadanos a fungir como funcionarios de casillas y desincentiva los índices de participación ciudadana en las urnas.
Prevenir, atacar y castigar la violencia política es indispensable, puesto que no sólo afecta las campañas electorales, sino que compromete la independencia, autonomía e integridad de las futuras autoridades. La intromisión de la delincuencia organizada en la política del país se está convirtiendo en un cáncer metastásico que se extiende a lo largo del territorio nacional.
Además, hay que reconocer que los partidos políticos no han sido escrupulosos en la selección de candidatos y han dado cabida a personajes que aportan dinero a las campañas, sin importar su procedencia. Autoridades que, corrompidas de origen, serán deshonestas en su función pública y procederán al desvío de recursos y al uso faccioso de sus facultades y atribuciones.
El párrafo noveno del artículo 21 de la Constitución señala que la seguridad pública es una función que está a cargo de la federación, las entidades federativas y los municipios. La violencia que amenaza a nuestra democracia se ha manifestado en los tres niveles de gobierno. Algo está funcionando muy mal y los procesos electorales no han hecho más que agravar esta situación intolerable, a la que no debemos acostumbrarnos.
Como Corolario, la frase del líder indio Mahatma Gandhi: “La violencia es el miedo a los ideales de los demás”.