El Congreso de la Unión continúa procesando las reformas constitucionales que se han denominado “simplificación orgánica”, que pretenden desaparecer a cuatro Órganos Constitucionales Autónomos: el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
De igual forma, se pretende suprimir a dos órganos reguladores: la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía; así como a la institución que evalúa las políticas educativas.
La academia pondera en la obra la trascendencia democrática que implica separar funciones estratégicas de las decisiones políticas; la mejora de los servicios que brindan a la sociedad por su especialización técnica; la fortaleza del Estado mexicano frente al ámbito internacional por alcanzar parámetros de calidad competitiva y, sobre todo, su relevancia al ser garantes de derechos humanos.
A lo largo de tres décadas en que comenzaron a gestarse los Órganos Constitucionales Autónomos, se han venido perfilando y consolidando derechos fundamentales derivados de su actuación, como el acceso a la información y al internet; los derechos de las audiencias y del consumidor, las garantías al libre voto ciudadano, la protección al salario y el ahorro mediante la estabilidad económica, y en estos tiempos de irrupción de la inteligencia artificial, la importancia de la protección de datos personales.
Algunos de estos órganos propuestos para desaparecer, son parte de las obligaciones contenidas en tratados comerciales —como el T-MEC y el Tratado Transpacífico— en los cuales el Estado mexicano se ha obligado a cumplir de manera soberana. Por ejemplo, establecen que los países deben contar con un órgano regulador independiente en materia de telecomunicaciones.
Este aspecto ha motivado que, en la discusión en el Congreso de la Unión, el grupo parlamentario mayoritario haya introducido algunas reservas para que finalmente las funciones de algunas de estas instituciones no sean transferidas de forma directa a secretarías de Estado, sino que ya se plantea la creación de organismos públicos descentralizados.
Se ha argumentado que la desaparición de estos siete organismos públicos obedece a la necesidad de generar ahorros presupuestales y a una simplificación orgánica que reagrupe sus facultades legales y administrativas. En la exposición de motivos no se sustentan datos duros que lo justifique, se observa falta de claridad en la reglamentación y existe la promesa de efectuar la legislación secundaria de manera posterior.
La reorganización de las tareas del Estado en este cambio de régimen debe estar acompañada no sólo de las reformas constitucionales y legales, sino también exponer de manera clara la explicación de ¿para qué se están procesando?
Y, sobre todo, garantizar que no existe riesgo de retroceso en el uso y disfrute de los derechos humanos.
Como Corolario, la frase de León Tolstoi: “Es más fácil hacer leyes que gobernar”.