En 2011 se consensuaron reformas constitucionales a 11 artículos en materia de derechos humanos, poniendo en el centro a la dignidad de las personas. Entre otras cosas muy importantes, el artículo 1 de nuestra Carta Magna establece la incorporación de todos los derechos humanos de los tratados internacionales como derechos constitucionales. La reforma instituyó la obligación de todas las autoridades, sin distinción alguna, de cumplir con cuatro compromisos específicos: promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
México forma parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos –conocida también como Pacto de San José– y, además, aceptó de manera libre y soberana adherirse a las resoluciones de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH).
El concepto de “convencionalidad”, cuya autoría le es reconocida a nivel internacional a don Sergio García Ramírez –quien la acuñó durante los años en que fue miembro y presidente de la Corte IDH– implica la obligación de los países miembros de la Convención Americana de aplicar y someterse al conjunto de principios, recomendaciones y resoluciones producidas por la Corte IDH, de la misma forma que a lo dispuesto por sus constituciones.
Se trata de cuestiones y conceptos que deben ser considerados como de la más alta jerarquía legal de nuestro sistema jurídico, porque son normas que deben ser observadas, aplicadas y respetadas por las autoridades de los tres niveles de gobierno del país.
A partir de la reforma de 2011, la enseñanza del Derecho en las universidades –de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 133 constitucional– debe incluir por igual el estudio de la Constitución, leyes y tratados internacionales, que en conjunto conforman la Ley Suprema de toda la Unión.
En los últimos años, el gobierno mexicano ha tenido una actitud distante y refractaria a las recomendaciones y resoluciones de la Corte IDH. De manera lamentable, cuando este año el destacado jurista mexicano Eduardo Ferrer Mac-Gregor termine su gestión como juez miembro de la Corte, México dejará de tener representación en ella; de manera muy probable, debido a la mala presencia que en la actualidad el país tiene en materia de política internacional.
Las recientes reformas constitucionales al Poder Judicial federal han sido criticadas por diversas instancias internacionales y nacionales, porque se considera que ponen en riesgo la independencia e imparcialidad de los juzgadores, así como a una auténtica división de Poderes.
De igual manera, las enmiendas constitucionales para transferir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, dotarle de facultades de investigación y proteger a sus integrantes con el fuero militar, contravienen principios convencionales en materia de seguridad pública que de manera reiterada ya le han sido recomendados observar a nuestro país.
Y si más adelante, en lugar de suprimir del texto constitucional la aplicación de la prisión preventiva de manera oficiosa, se insiste en una nueva reforma que amplíe el catálogo de delitos que la merezcan, con seguridad vendrá un llamado de atención de los organismos internacionales, en el sentido de que se sigue vulnerando el principio de presunción de inocencia, en perjuicio casi siempre de personas pobres.
¿El nuevo gobierno seguirá en la misma ruta de apartarse de la convencionalidad en materia de derechos humanos? ¿A qué costo y consecuencias?
Porque como Corolario, pareciera que se ha vuelto a la práctica virreinal, respecto de las normas que llegaban de España, que decía: “Obedézcase, pero no se cumpla”.
*EXCELSIOR