La forma de gobierno de las mayorías o de los muchos encuentra sus orígenes en Atenas y se conoce como democracia. Sin embargo, fue hasta el surgimiento y consolidación de los Estados-Nación —y posteriormente con el nacimiento del constitucionalismo moderno— cuando se pudo entender la idea de la democracia moderna, una democracia constitucional. Lo cierto es que, hasta después de la culminación de la Segunda Guerra Mundial, el ideal democrático se volvió un criterio aceptado para orientar y justificar el orden político de los países de todo el mundo.
El artículo 40 de nuestra Constitución instituye que es voluntad del pueblo de México constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, que ,entre otras cosas, implica que en nuestra nación los ciudadanos tenemos el derecho de ser electos y poder elegir de manera secreta y directa a nuestros representantes.
Recordar lo anterior cobra sentido al acercarse el inicio de las campañas electorales que desembocarán en la jornada electoral más grande y compleja que ha organizado nuestro país en su historia. Con un padrón electoral de casi 95 millones de ciudadanos y en medio de una pandemia, el primer domingo de junio habrán de celebrarse de manera concurrente elecciones federales y locales. Se elegirá a 500 diputados al Congreso de la Unión y, en el ámbito de las entidades federativas, se votarán 19,915 cargos públicos: 15 gubernaturas, 30 renovaciones de Congresos locales; 1,923 ayuntamientos y otros 431 cargos auxiliares.
Las elecciones en una democracia son esenciales, pues permiten que la sucesión del poder se realice de manera pacífica y ordenada, así como mantener —en un régimen democrático— la estabilidad política y el desarrollo armónico de un país.
A partir de la gran Reforma Política de 1977, el artículo 41 de la Carta Magna —que regula a los partidos políticos y a los procesos electorales— se ha modificado a través de 13 enmiendas, conformando un sólido régimen legal que ha permitido la alternancia política pacífica varias veces en la Presidencia de la República, la gran mayoría de las gubernaturas de las entidades federativas y prácticamente en todos los ayuntamientos de nuestro gran país.
El Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal se han modificado también en varias ocasiones y hoy son nuestras máximas autoridades electorales encargadas de organizar y resolver los conflictos derivados de la aplicación de las normas electorales.
La importancia de reflexionar en torno a las elecciones en puerta radica en que hoy —como hacía tiempo no ocurría— existen muchos peligros que acechan nuestra democracia: violencia política —desde el inicio del proceso electoral, el 7 de septiembre de 2020, 140 políticos han sido agredidos y al menos 62 han sido asesinados—, desencanto ciudadano, debilitamiento de las instituciones partidarias, grave polarización de la sociedad y, además, una pandemia que ha puesto en jaque al mundo entero.
Es natural y comprensible que, ante tanto poder político por disputarse, exista la tentación de debilitar a los árbitros de la contienda para tratar que las reglas de la contienda favorezcan a las distintas opciones que aspiran a adquirirlo.
Pero sin un árbitro y un juez electoral confiables y fuertes, México puede retroceder su reloj en el tiempo de la historia y corre el riesgo de volver a vivir episodios lamentables y terribles que ya han sido superados. Y eso la ciudadanía no puede permitirlo.
Como Corolario, la frase de Denis Jeambar e Yves Roucaute: “No es que los países adelantados opten por la democracia, sino que la democracia hace a los países adelantados”.