En la antigüedad, el predominio en las relaciones de mando-obediencia y el ejercicio del poder se justificaban mediante la idea de que los faraones, emperadores y reyes encarnaban la voluntad divina y detentaban su poderío como un derecho sagrado absoluto y de forma vitalicia.
Después de la Revolución Francesa y el surgimiento del constitucionalismo, la concepción filosófica de la igualdad entre gobernados y gobernantes cambió de manera radical el ascenso, así como el ejercicio del poder. Los monarcas dejaron de ser soberanos y, con el surgimiento de la idea de la soberanía popular, quienes mandamos ahora somos los ciudadanos.
El asunto de determinar quién debe gobernar se convirtió en una tarea y responsabilidad ciudadana. Hoy gobiernan quienes mandan, son las mayorías populares: se trata de la democracia.
Si bien la democracia, como la forma de gobierno de las mayorías, tuvo sus orígenes en la antigua Grecia, no fue sino hasta la aparición del constitucionalismo moderno que la idea de la democracia tomó relevancia fundamental en el orbe.
El artículo tercero de nuestra Constitución considera a la democracia no sólo como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.
Y es que las elecciones representan el método legal y democrático para designar a los representantes del pueblo; su trascendencia consiste en que, a través de los comicios, elegimos a quienes habrán de tomar las decisiones que nos afectarán a todas y a todos.
Recordar lo anterior cobra sentido, ya que el día de mañana debemos ser actores partícipes de lo que será —lo hemos dicho con anterioridad en este mismo espacio— la elección más grande de la historia en nuestro país.
El enorme número de cargos populares a elegir obedece a que a través de una reforma electoral —en el año 2014— se estableció la homologación de los calendarios electorales en todo el país para hacer coincidir las elecciones de los diferentes órdenes de gobierno.
Se buscaba con ese cambio constitucional un ahorro económico y el fortalecimiento de las relaciones entre los poderes legislativos y ejecutivos. Los resultados de la próxima jornada electoral nos permitirán estudiar la conveniencia de reunir tantos procesos electorales en un mismo día.
Los artículos 35 y 36 de la Constitución determinan que votar en las elecciones populares es un derecho y también una obligación de los ciudadanos, lo que trae aparejado la enorme responsabilidad ciudadana de emitir un voto informado, el cual supone conocer la trayectoria y trabajo de quienes desean representarnos.
Habrá estados en los que el ciudadano tendrá que elegir gobernador, diputados federales, diputados locales y ayuntamientos. Ello va a implicar un gran compromiso para la ciudadanía, pues con la reforma sólo se pensó en la conveniencia económica, pero no se ha trabajado en la construcción de una más amplia cultura ciudadana.
El reto es enorme y se vuelve más complejo si recordamos que 213 fórmulas de candidatos a diputaciones federales buscarán reelegirse, por lo que el ciudadano tiene que informarse acerca de la labor que desempeñaron en su función antes de refrendarles la confianza.
La de mañana debe ser una fiesta cívica, porque los ciudadanos mandamos: premiamos o castigamos a quienes buscan nuestro voto. Así, cualquiera que sea el sentido de nuestro voto, la democracia de México requiere que las y los ciudadanos salgamos a dictar órdenes, a través del poder que está contenido en las boletas electorales.
Como Corolario, las palabras del estadista francés Francois Mitterrand: “Una sociedad sólo sobrevive gracias a sus elecciones”.