Con la aplicación de la ley general de movilidad que pretende regular las movilizaciones en todo el país, sólo se ocasionara que la población aumente su enojo hacia las instituciones gubernamentales e incremente la protesta social, advirtió el director general del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (Cesop) de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, Rafael Aréstegui Ruiz.
Entrevistado en el primer coloquio «Contribuciones de los estudios de opinión al quehacer legislativo», señalo que los gobernantes del país mantienen molesta a la población porque «están gobernando de espaldas» y la gente es cada vez más vigilante de sus derechos, especialmente ahora que hay un estado fallido.
Y es que dicha iniciativa se presenta justo cuando a nivel nacional hay movilizaciones porque el caso de los normalistas de Ayotzinapa fue «la gota que derramó el vaso» para despertar la conciencia pública.
«Vivimos tiempos de regresión y esos tiempos de regresión hay que revertirlos, eso es con la movilización. Yo soy de Iguala, Guerrero y comprendo que el descontento de la población es mayúsculo».
Por esa razón es urgente una nueva constitución mexicana y un pacto social que pongan como prioridad la seguridad, los derechos humanos y un recurso transparente de los recursos públicos.
Indicó que el modelo de gobierno que intenta callar la manifestación pública ya es insuficiente y la única solución es un cambio severo de gobierno.
«El pacto social que nos domina está agotado. Se necesita seguridad, derechos humanos, eliminar la corrupción. Actualmente estamos ante la crisis más grave que ha vivido nuestro país después del 68».