Los asesinatos con violencia en Veracruz siguen siendo un pendiente de los gobiernos, pues pese a las acciones realizadas para una estrategia de una vida libre de violencia, el problema no cesa, afirmó la activista Mónica Mendoza.
Comentó que las cifras se siguen maquillando, en donde las muertes de las mujeres las siguen tipificando como homicidio, pese a que la ley obliga a que desde un inicio toda muerte violenta de una mujer sea investigado como “feminicidio”.
Entre enero y noviembre de 2025, el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres (OUVMujeres, Universidad Veracruzana) registró 59 feminicidios en el estado de Veracruz, mientras que en 2024 fueron 64.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), indica que hasta el mes de noviembre se registraron en el territorio veracruzano 40 feminicidios, 24 menos que los que recaba OUVMujeres.
Mónica Mendoza señala que la cifras son evidentes al mostrar que no hay una reducción clara en la violencia feminicida.
“Toda esta cantidad de delitos cometidos en contra de las mujeres por razón de género siguen situando a la entidad veracruzana entre las principales a nivel federal en cuanto a la comisión de estos delitos”.
Señaló que las fiscalías aplican protocolos jurídicos para acreditar el feminicidio; sin embargo, en muchos casos de muertes se quedan en homicidios, es decir, no se aplica el protocolo estipulado, lo que evita cifras reales.
“Muchas veces siguen siendo registradas inicialmente como homicidios cuando no tienen indicios de feminicidio, aunque no se hayan efectuado todas las indagatorias correspondientes”
Opinó que la impunidad e indolencia son persistentes por parte de la Fiscalía General del Estado, debido a que muchos casos se han quedado sin castigar al agresor, además de que los procesos administrativos en los ministerios públicos siguen siendo un calvario para las familias que acuden a denunciar.
“Efectivamente, sigue habiendo una impunidad en las instituciones de procuración de justicia, vemos a feminicidas prófugos sin que nadie los busque para que sean castigados, carpetas de investigación archivadas y los procesos de denuncia son tediosos para las familias de las víctimas (…) urgente que se actúe con perspectiva de género y más eficiencia”, finalizó.