De acuerdo con la Comisión, la policía nicaragüense detuvo “de manera arbitraria” al obispo Rolando Álvarez y siete religiosos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) demandó la liberación inmediata del obispo Rolando Álvarez y de las personas detenidas en Nicaragua “arbitrariamente”, así como que el Estado cese la represión y los constantes ataques contra la Iglesia Católica.
De acuerdo con el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) de la CIDH, la madrugada de este viernes, la Policía Nacional ingresó por la fuerza a la Curia Episcopal de Matagalpa y detuvo “de manera arbitraria” al obispo Rolando Álvarez y siete religiosos.
La Comisión aseguró que Álvarez es acusado de “ejecutar actos de odio” y “desestabilizar al Estado” así como de cometer “crímenes de lesa espiritualidad”, por denunciar y oponerse al cierre de siete radioemisoras de la Diócesis de Matagalpa.
Tras los hechos, la Conferencia Episcopal de Costa Rica pidió en un comunicado respeto a la libertad religiosa en Nicaragua, mientras que el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, exigió la libertad inmediata del obispo y respeto a su dignidad.
Por su parte, la CIDH condenó la “escalada represiva en contra de integrantes de la Iglesia Católica”en el país y urgió al Estado a “cesar de inmediato estos actos”.
“Estos hechos forman parte de un contexto sistemático de persecución, criminalización, hostigamiento, asedio policial, declaraciones estigmatizantes por parte de las más altas autoridades del Estado y, en general, de actos de represión en contra de integrantes de la Iglesia católica en Nicaragua”, señaló el órgano de la Organización de los Estados Americanos(OEA).
Según los reportes, el obispo de Matagalpa, un duro crítico del gobierno del presidente Daniel Ortega, permanecía desde hace dos semanas refugiado en la casa cural.
Álvarez denunció a principios de agosto que la Policía mantenía sitiados los lugares donde residía, detalló Europa Press.
Según un comunicado de las autoridades nicaragüenses, el obispo incita a “ejecutar actos de odio contra la población con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua”, informó el medio.
La CIDH recalcó que, durante agosto, el sacerdote Uriel Vallejos fue asediado y forzado a exiliarse, mientras que el sacerdote Óscar Danilo Benavidez fue detenido arbitrariamente. A su vez, sacerdotes de Rancho Grande y El Tuma fueron amenazados para impedir que participaran en celebraciones religiosas.
Además, la Policía Nacional ha prohibido la celebración de las procesiones religiosas e impedido que personas acudan a misa. Igualmente, se han cerrado y confiscado bienes de distintas organizaciones religiosas.
Asimismo, se cancelaron canales católicos de televisión, cerraron siete radioemisoras católicas de la Diócesis de Matagalpa y confiscaron violentamente equipos de radio y TV en la capilla Niño Jesús de Praga en Sébaco.
Ante esto, la Comisión subrayó que la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) reconoce el derecho a la libertad de conciencia y religión, e hizo un llamado para que Nicaragua cese los “constantes ataques contra la Iglesia Católica”.