La comunidad indígena de Chahuatlán, municipio de Ilamatlán, vive una crisis humanitaria tras ser una de las zonas más devastadas por las intensas lluvias, deslaves y la crecida de un río durante los días 8, 9 y 10 de octubre.
A un mes de la tragedia, los habitantes de esta población Náhuatl denuncian el abandono de los tres niveles de gobierno y la falta de un censo oficial que cuantifique la magnitud de la pérdida. El impacto humano es la parte más dolorosa de la tragedia.
Se confirmó el fallecimiento de la maestra Sonia durante la inundación, y persiste la angustia por la desaparición de otras cuatro personas que, desde el 8 de octubre, no han sido localizadas. Se trata de la maestra Ancelma, su madre Lucinda, y una madre de familia, María Guadalupe, junto a su hija Allison, cuyos familiares aún esperan resultados.
A pesar de la presencia inicial de ministeriales y la tardía llegada de rescatistas del gobierno quince días después, no se han obtenido resultados en la búsqueda.
La devastación material es casi total. Más de 70 casas fueron completamente destruidas, y decenas más están dañadas e inhabitables, consideradas pérdidas totales. Las viviendas que quedaron en pie se encuentran atrapadas por más de un metro de lodo, piedras y arena.
Los pobladores lo perdieron todo: desde documentos esenciales como actas de nacimiento y credenciales, hasta camas, electrodomésticos, muebles y utensilios de cocina.
Además, la cosecha de maíz y frijol, junto con animales domésticos y de corral, quedaron sepultados bajo el lodo. Las personas que lograron salvar sus vidas lo hicieron únicamente con la ropa que llevaban puesta.
Un pequeño cerro en la orilla del río fue lo único que evitó que la mayor parte de Chahuatlán desapareciera. Sin embargo, los daños por el nuevo cauce del río son visibles en toda la comunidad, donde un puente vado y un muro de contención, solicitados sin éxito durante años, colapsaron.
Ante la falta de apoyo gubernamental, la comunidad ha señalado que es necesario el tratamiento psicológico a la comunidad entera y, especialmente, a los familiares de las personas desaparecidas.
Además, exige a la CFE una revisión urgente en toda la comunidad debido a que postes, transformadores y cables quedaron dañados y representan un riesgo de accidente, a pesar de que algunas zonas ya tienen servicio de energía eléctrica.
Los habitantes, quienes históricamente han recibido con hospitalidad a visitantes, hoy luchan por un futuro en el que sus vidas, sus casas y su infraestructura sean protegidas por las autoridades.