Islandia ha designado el posible colapso de un importante sistema de corrientes del océano Atlántico como una preocupación de seguridad nacional y una amenaza existencial, lo que permite a su Gobierno elaborar estrategias para los peores escenarios, dijo a Reuters el ministro de Clima del país.

La circulación de vuelco meridional del Atlántico (AMOC, por sus siglas en inglés) lleva el agua caliente de los trópicos hacia el norte, hacia el Ártico, y el flujo de agua caliente ayuda a mantener templados los inviernos europeos.

Pero el aumento de las temperaturas acelera el deshielo del Ártico y hace que el agua de deshielo de Groenlandia se vierta en el océano, por lo que los científicos advierten de que el agua dulce fría podría interrumpir el flujo de la corriente.

Un posible colapso del AMOC podría desencadenar una era glacial moderna, temperaturas invernales en todo el norte de Europa en picado hasta nuevos extremos, mucha más nieve y hielo. El AMOC ya ha colapsado en el pasado, sobre todo antes de la última Edad de Hielo, que terminó hace unos 12,000 años.

«Es una amenaza directa para nuestra resistencia y seguridad nacionales», dijo por correo electrónico Johann Pall Johannsson, ministro de Clima de Islandia. «(Esta) es la primera vez que un fenómeno específico relacionado con el clima se presenta formalmente ante el Consejo de Seguridad Nacional como una amenaza existencial potencial».

Dar prioridad al asunto implica que los ministerios de Islandia estarán en alerta y coordinando una respuesta, dijo Johannsson. El Gobierno está evaluando qué otras investigaciones y son necesarias, y está trabajando en una política de preparación ante catástrofes.

Los riesgos que se están evaluando abarcan diversos ámbitos, desde la energía y la seguridad alimentaria hasta las infraestructuras y el transporte internacional.

*EL ECONOMISTA

El primer ministro británico, Keir Starmer, prometió este miércoles «defender siempre una BBC fuerte e independiente», sin pronunciarse sobre las amenazas de demanda por difamación del presidente Donald Trump contra el grupo audiovisual, a dos días del ultimátum impuesto por el mandatario estadounidense.

El dirigente laborista consideró, sin embargo, que el grupo audiovisual público debe «poner orden en sus asuntos», «respetar los más altos estándares (de calidad)» y «corregir rápidamente los errores».

Starmer fue interrogado este miércoles en el Parlamento por un diputado que le preguntó si tenía intención de pedir a Trump que renunciara a su demanda por difamación. El primer ministro británico evitó responder a esa pregunta, aunque mostró su intención de «defender siempre una BBC fuerte e independiente».

«En la era de la desinformación, el argumento a favor de un servicio informativo británico imparcial es más fuerte que nunca», subrayó, en su primera declaración pública sobre el asunto.

Trump amenazó con reclamar mil millones de dólares a BBC por haber distorsionado sus declaraciones en un documental, emitido en octubre de 2024, justo antes de las elecciones presidenciales estadounidenses.

*LA JORNADA

Un grupo de ecologistas protestó este martes en el interior del recinto donde se llevan a cabo las negociaciones en la cumbre climática de la ONU (COP30), en Belém, Brasil, para exigir una transición energética “justa”.

Los activistas se concentraron en el pasillo principal de la llamada Zona Azul, administrada por la ONU y el lugar donde negocian las delegaciones de los aproximadamente 170 países que han asistido a esta conferencia climática en la puerta de entrada a la Amazonía brasileña.

“¡Por el derecho a existir, los pueblos se levantan!”, cantaron delante de las oficinas de las comitivas nacionales ante la atenta mirada de unos pocos agentes de seguridad de las Naciones Unidas.

Ana Heloísa Alves, miembro de una coalición feminista por la justicia climática, explicó a EFE que quieren presionar para que avancen las negociaciones en el capítulo de la transición desde los combustibles fósiles a las energías renovables.

“Hemos unido arte y activismo para llamar la atención de los negociadores para que coloquen en la agenda algunos puntos y avancen en temas como género, transición justa y una matriz energética justa”, declaró.

Alves, de 27 años, ha bailado descalza sobre la moqueta de la Zona Azul con una falda en tonos rosas repleta de mensajes contra “la privatización” de los ríos amazónicos para convertirlos en vías fluviales y la construcción de un ferrocarril por la selva para facilitar el transporte de carga.

“Respeta a la Amazonía”, dice otro de los mensajes que carga esta joven de la ciudad de Santarém, en el estado de Pará, cuya capital es Belém.

Alves confía en que, al final de esta COP30, todos los países logren ponerse de acuerdo para asumir los US$ 1,3 billones anuales de financiación climática para las naciones en desarrollo hasta 2035.

En su opinión, solo así se puede revertir la crisis climática y “reparar los daños causados a los países del Sur Global que sufrieron con la colonización, la esclavitud y la explotación depredadora de sus bosques y pueblos”.

La COP30 de Belém es la primera que se celebra en la Amazonía, el mayor bosque tropical del planeta, y se extenderá hasta el próximo día 21, con la posibilidad de extenderse algunos días más, si no se alcanza un acuerdo sobre los asuntos de la agenda.

*CNN

Los migrantes venezolanos que fueron enviados por Estados Unidos a El Salvador fueron «torturados», sufrieron violencia sexual y otros vejámenes en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel para pandilleros donde estuvieron recluidos cuatro meses, denunció la oenegé Human Rights Watch (HRW).

El presidente estadounidense, Donald Trump, en acuerdo con su par salvadoreño Nayib Bukele, trasladó en marzo e inicios de abril a 252 migrantes de Venezuela al CECOT, tras acusarlos sin ofrecer pruebas de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua, un grupo designado como organización terrorista por Estados Unidos.

«Los casos de tortura y malos tratos a venezolanos en El Salvador no fueron incidentes aislados cometidos solo por algunos guardias o policías antimotines abusivos, sino (también) violaciones sistemáticas de derechos humanos», aseguró HRW.

«Llegaron al infierno»

El informe, titulado «Llegaron al infierno», fue publicado en conjunto con la oenegé centroamericana Cristosal, que cerró sus oficinas en El Salvador en julio al denunciar una «escalada represiva» contra defensores de derechos humanos.

Según el reporte, los detenidos permanecieron en un «régimen de incomunicación», alimentación inadecuada y condiciones precarias de higiene.

«La administración Trump pagó a El Salvador millones de dólares para detener arbitrariamente a venezolanos que luego fueron sometidos casi a diario a golpizas brutales», dijo en un comunicado la directora para las Américas de HRW, Juanita Goebertus.

Entrevistados tras canje con Venezuela

Los venezolanos fueron repatriados en julio en un canje de prisioneros entre Washington y Caracas, que liberó a diez ciudadanos y residentes estadounidenses en Venezuela y a unos 80 presos políticos.

Investigadores de HRW y Cristosal entrevistaron a 40 de los venezolanos que estuvieron detenidos en el CECOT y a otras 150 personas, incluidos familiares y abogados.

Víctimas de «violencia sexual» y «desaparición forzada»

El informe afirma que los guardias registraban diariamente las celdas de los detenidos. Los hombres eran obligados a arrodillarse con las manos atadas a la espalda y eran golpeados con porras y puños, a veces en celdas de castigo.

Tres venezolanos contaron que fueron víctimas de «violencia sexual» en la prisión. Uno narró que cuatro guardias abusaron de él y lo obligaron a «practicar sexo oral» a cada uno de ellos.

Según los detenidos, estaban hacinados, unos diez por celda, sin ventanas. La comida era insuficiente y el agua potable estaba contaminada.

Antes de las visitas de las delegaciones gubernamentales, los detenidos recibían colchones, sábanas y artículos de higiene. Después de las visitas, la mayoría de estos artículos les eran retirados, aseguraron.

Durante la reclusión, HRW y Cristosal solicitaron información sobre las detenciones a los Gobiernos de El Salvador y Estados Unidos, pero no obtuvieron respuesta.

Al negarse a revelar información sobre el paradero y situación de los detenidos, ambos Gobiernos incurrieron en el delito de «desaparición forzada» según el derecho internacional, acusa el informe.

Casi la mitad sin antecedentes penales

El informe contradice las afirmaciones de Estados Unidos de que los deportados eran delincuentes peligrosos.

Una de las conclusiones de la investigación es que aproximadamente la mitad (48,8 %) de los venezolanos enviados al CECOT no tenían antecedentes penales en Estados Unidos y solo el 3,1 % había sido condenado en ese país por un delito violento.

Familiares y abogados afirmaron a HRW que al menos 62 venezolanos fueron expulsados mientras sus procesos de asilo en Estados Unidos estaban en trámite.

*DEUTSCHE WELLE

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, solicitó apoyo al mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, para enfrentar la crisis penitenciaria que atraviesa su país, marcada por el hacinamiento y la violencia entre reclusos y el vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, confirmó la disposición de su Gobierno para tender “la mano amiga” al país andino.

“Estamos listos para acompañar al presidente Rodrigo Paz en esta nueva época, con una relación de amistad, colaboración y apoyo mutuo”, dijo Ulloa en una entrevista con el medio boliviano El Deber durante su visita para la investidura presidencial de Paz.

“Estamos listos para acompañar al presidente Rodrigo Paz en esta nueva época, con una relación de amistad, colaboración y apoyo mutuo”, dijo Ulloa.

El presidente Paz informó que la semana pasada tuvo una llamada con su homólogo salvadoreño Bukele, “le dije: ‘ayúdame con las cárceles, que vamos a necesitar muchas acá’”.

El mandatario boliviano valoró la franqueza y el carácter directo del presidente salvadoreño, cuya política penitenciaria ha despertado interés en varios países de la región.

Por su parte, Ulloa señaló que ambos gobiernos buscan avanzar también en la creación de una Cámara de Comercio bilateral, aunque reconoció que la seguridad y el control penitenciario son temas prioritarios para la cooperación.

“Esta apertura de Bolivia hacia regiones como Centroamérica representa un antes y un después”, subrayó Ulloa.

El interés de Paz Pereira en recibir asesoría salvadoreña se enmarca en una crisis estructural del sistema penitenciario boliviano.

El ex director de Régimen Penitenciario, Franz Laura indicó en recientes declaraciones a EFE que “Bolivia vive un momento crítico y se deben buscar soluciones a corto plazo para evitar más muertes en las cárceles”.

Laura explicó que “el hacinamiento, la falta de infraestructura y la corrupción generan violencia constante entre privados de libertad”, y agregó que “es urgente revisar los protocolos de seguridad y realizar una rotación permanente de policías en los centros carcelarios”.

Según datos oficiales, en 2024 Bolivia registró más de 32.000 reclusos, pese a que la capacidad de sus cárceles es para menos de la mitad. Solo en los primeros meses de 2025, al menos siete internos murieron en hechos violentos, algunos con participación de agentes policiales. “Esta mezcla entre presos condenados y preventivos sin una correcta clasificación incrementa la violencia y el consumo de alcohol y drogas”, indicó Laura.

El Gobierno de Bukele ha sido reconocido por su política de seguridad, que incluye la construcción de megaprisiones y la aplicación de un régimen de excepción desde 2022. Si bien la medida ha sido cuestionada por organismos de derechos humanos, El Salvador asegura haber reducido significativamente los homicidios y debilitado las pandillas.

La cooperación entre ambos países podría centrarse en el intercambio de experiencias sobre gestión penitenciaria y control interno, por esto Ulloa reiteró que para “que para nosotros es un punto de inflexión, un antes y un después, por lo que le deseamos los mejores éxitos (a Rodrigo Paz) y que sepa que cuenta con nuestra mano amiga para poder continuar lo que inicia a partir de este momento” .

*INFOBAE

El presidente israelí, Isaac Herzog, hizo pública este miércoles una carta del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la que le hace una petición oficial para que indulte al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, juzgado por corrupción.

“Por la presente, les pido que perdonen completamente a Benjamín Netanyahu, quien ha sido un primer ministro formidable y decisivo durante la guerra, y que ahora está guiando a Israel hacia una era de paz”, reza la misiva del presidente estadounidense difundida por el gabinete de Herzog.

“El presidente Herzog tiene en la más alta estima al presidente Trump y reitera su profundo agradecimiento por su firme apoyo a Israel”, afirmó el gabinete del presidente israelí en un comunicado publicado en sus canales oficiales.

“No obstante, y sin perjuicio de lo anterior,” continuó, “como la Presidencia ha dejado claro en todo momento, quien desee obtener un indulto presidencial debe presentar una solicitud formal de acuerdo con los procedimientos establecidos”.

Netanyahu, que aún no ha sido condenado, tiene tres causas judiciales abiertas: los casos mil y dos mil, por fraude y abuso de confianza, y el 4.000, considerado el más grave y que gira en torno a un presunto acuerdo de soborno entre Netanyahu y el empresario Shaul Elovich, quien controlaba la empresa de telecomunicaciones Bezeq y el sitio web Walla News y quien se benefició económicamente a cambio de una cobertura favorable.

“Si bien respeto absolutamente la independencia del sistema judicial israelí y sus requisitos, creo que este ‘caso’ contra Bibi es una persecución política injustificada”, sentenció el mandatario estadounidense en su carta a Herzog.

Trump ya le había solicitado a Herzog el indulto de Netanyahu durante su intervención en el Parlamento israelí (Kneset) el pasado 13 de octubre, en el marco de la visita que hizo a Israel después de que el Gobierno israelí y el grupo islamista Hamas aceptaran su plan de paz.

“¿Por qué no le concede un indulto a Netanyahu?”, preguntó Trump a Herzog entonces ante los parlamentarios.

Está previsto que el primer ministro israelí testifique este martes, según anunció el tribunal que instruye el caso en su página web, de acuerdo a la agenda semanal del juicio, que exige la comparecencia del mandatario tres veces por semana.

No son pocas las veces que el mandatario ha solicitado el aplazamiento del proceso desde su inicio en 2024. En la mayoría de las ocasiones, se ha respaldado en la ofensiva bélica de sus tropas contra la Franja de Gaza -ahora bajo un teórico alto el fuego- para justificar sus ausencias.

Netanyahu, que asegura que el juicio contra él es una “caza de brujas” y una trama del “Estado profundo”, es el primer jefe del Gobierno en la historia de Israel en ser procesado mientras ejerce el cargo.

*LÓPEZ DÓRIGA DIGITAL

El exdirector del Servicio Nacional de Inteligencia (NIS) de Corea del Sur Cho Tae-yong fue detenido este miércoles por cargos relacionados con la infructuosa declaración de la ley marcial hace casi un año del depuesto expresidente Yoon Suk-yeol, afirmaron medios del país asiático.

El arresto tuvo lugar después de que un tribunal surcoreano aprobara de madrugada su detención, ante el temor de la fiscalía de que Cho destruyera pruebas relacionadas con la ley marcial, afirmó la agencia local de noticias Yonhap.

Al antiguo jefe de Inteligencia se le acusa, entre otras cosas, de conocer de antemano los planes de Yoon de declarar la ley marcial el 3 de diciembre del año pasado y no reportarlo ante el Parlamento.

Negligencia en el cumplimiento del deber, falso testimonio y destrucción de pruebas son algunos de los cargos más graves a los que se enfrenta Cho ante los tribunales.

El arresto se produce después de que, el pasado lunes, el equipo especial de la fiscalía surcoreana que investiga a Yoon presentara cargos adicionales de abuso de poder y colaboración con el enemigo, acusado de enviar drones a Corea del Norte para provocar una reacción de Pionyang que le permitiera declarar la ley marcial.

Yoon ha recibido múltiples acusaciones, en el marco de la investigación que está desarrollando el equipo especial liderado por el fiscal especial Cho Eun-suk, sobre su breve imposición del estado de excepción en diciembre de 2024.

El expresidente, que fue destituido formalmente a principios de abril, afronta otros dos procesos paralelos: el juicio por insurrección y abuso de poder, derivado de su proclamación inconstitucional de la ley marcial, y otra investigación adicional relacionada con la gestión previa y posterior a la proclamación.

*LATINUS