- Expulsados, pero ricos
- Y, de ñapa, impunes
PASAMANOS: Igual que a Javier Duarte, Arturo Bermúdez Zurita, Gabriel Deantes Ramos y José Antonio Chara Mansur, fueron expulsados del PRI.
Por falta de probidad fue el argumento.
En la lista negra está el diputado federal, Antonio Tarek Abdalá, a quien Karime Macías llamaba “mi hermano”, y al que en la campaña electoral fotografiaran al lado del narco/jefe de la región de Tierra Blanca, acusado de que los policías de Bermúdez Zurita le entregaron los 5 jóvenes secuestrados de Playa Vicente.
Pero aun cuando, digamos, la expulsión del paraíso tricolor apenas, apenitas, significa un anuncito de que serían, y en el mejor de los casos, procesados por enriquecimiento ilícito y hasta peculado y tráfico de influencias, etcétera, por lo pronto, la presunta deshonra partidista resulta light si todos se han ido “cabezones”.
Por ejemplo, desde hace 65 días, Duarte anda, digamos, “a salto de mata”, sin poder estar con sus hijos y sus seis perros mascotas, ni menos usufructuar su insólita riqueza construida a la sombra del poder político durante la llamada “Decena Trágica” que incluye del año 2004 (Fidel Herrera) a más de la mitad del año 2016.
Incluso, ni siquiera puede disponer, ajá, de sus cuentas bancarias pues la procuraduría General de la República, PGR, le congeló 112 cuentas de él y su familia y sus amigos y socios y prestanombres.
Y no obstante que la PGR ofrece una recompensa de 15 millones de pesos a quien aporte datos para su ubicación (la misma cantidad ahora por Tomás Yarrington Rubalcava, ex gobernador de Tamaulipas), resulta insólito el fracaso oficial para su captura.
Le ha valido, pues, la expulsión del PRI.
Es más, Bermúdez, Deantes y Chara Mansur se estarán pitorreando de la seriedad con que el presidente del CEN, Enrique Ochoa Reza, alardea de su lucha titánica en contra de la corrupción política en una nación donde Enrique Peña Nieto dice que “nadie puede tirar la primera piedra”.
BALAUSTRADAS: Ochoa Reza, de 44 años de edad, la edad promedio de los duartistas, tiene a todos ellos contra las cuerdas, seguro de que son el símbolo nacional de la transa y los negocios ilícitos.
El 6 de noviembre, en una entrevista con “El País” dijo lo siguiente:
“En Veracruz y Quintana Roo (con Roberto Borge, también expulsado del PRI) hubo señalamientos de corrupción y de impunidad que no se atendieron de manera oportuna”.
Se trata, digamos, de una autocrítica, sólo que el también líder de los taxistas de la Ciudad de México (posee 500 concesiones para ayudarse en su economía), “tiró la piedra y escondió la mano”.
Nunca, por ejemplo, puso nombre a los culpables de tanta corrupción e impunidad, ni en Veracruz (el ORFIS, la Comisión de Vigilancia del Congreso, los Contralores y los secretarios de Finanzas y Planeación) ni en el gobierno central.
Y en el gobierno federal por lo siguiente:
En el primer trimestre del año 2014, el Auditor Superior de la Federación, ASF, Juan Manuel Portal, reportó a la secretaría de Hacienda y Crédito Público las irregularidades en el manejo de 35 mil millones de pesos federales y Luis Videgaray Caso quedó en actitud contemplativa.
Y quedó así, porque según la ley su obligación era embargar las participaciones federales al gobierno de Veracruz… hasta rendir cuentas.
Y nunca actuó.
Es más, el ASF también reportó los ilícitos a la Procuraduría General de la República, PGR, Jesús Murillo Karam el titular, y tampoco actuaron.
Por eso, cuando el presidente del CEN del PRI habla de constituir “un órgano interno que prevenga los casos de corrupción, y si surgen, los ataje de manera directa y oportuna”, caray, mueve a risa.
También el ciudadano queda perplejo con la simple expulsión del partido oficial, pues, y por ejemplo, basaría repasar los nombres de tantos ex gobernadores del PRI en la mira de la PGR… a toro pasado.
Entre ellos, Rodrigo Medina de Nuevo León, César Duarte de Chihuahua, Roberto Borge de Quintana Roo y Javier Duarte de Veracruz.
Además, Andrés Granier, de Tabasco, y de paso, la maestra Elba Esther Gordillo, la gran aliada de varios ex presidentes de la república y un montón de gobernadores, entre ellos, claro, el de Veracruz, priista durante 26 años.
ESCALERAS: Cierto, Duarte fue lanzado del PRI y ningún ciudadano cree que, en efecto, durante 65 días ha podido birlar a la PGR, la Policía Federal, las Fiscalías del país y la Interpol.
Y en el caso de Bermúdez y Deantes, la Fiscalía expidió la orden de aprehensión en contra de ellos por tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito y enfrentan el juicio en libertad, pero sin que al momento (con tantas pruebas de por medio) hayan sido encarcelados.
Con todo, el presidente del CEN del PRI (su jefe es Enrique Peña Nieto) “se corta las venas” diciendo que exige a la PGR (Peña Nieto es el jefe máximo del procurador) “que continúe las investigaciones y se cumplan las órdenes de aprehensión pendientes y se devuelva a la gente el producto de la corrupción”.
Ni una ni otra cosa, a excepción, claro, de los 421 millones de pesos que la PGR recuperó, 250 millones de los cuales reintegraron al erario de Veracruz en un cheque entregado a la secretaria de Finanzas y Planeación de la Yunicidad.
Pero…421 millones de pesos frente a lo que, se afirma, birlaron Javier Duarte y duartistas significan una vacilada, mejor dicho, una ofensa social.
Y más, luego de tanto tiempo invertido en el rafagueo político y tanta tinta en los medios que ha de llevar en la agenda pública, mínimo, unos diez meses, o más, desde que las ongs, Solecitos y Colectivos alertaran sobre el río de sangre y el valle de la muerte en que Javier Duarte y compañía convirtieron a Veracruz de un paraíso terrenal en una sucursal del infierno.