Ex alcaldes acusados de asesinatos, ediles señalados por enriquecimiento ilícito y dos presidentes presuntos responsables de violencia familiar y de golpes y retención ilegal de la libertad, todos ellos, 6 ediles del PRI y del PAN, incriminados por la justicia de Veracruz en los últimos dos años, pero ninguno de ellos ha pisado la cárcel.
La Fiscalía General del Estado (FGE) y la Comisión Instructora del Congreso Local solo han dado “bandazos” en los intentos de iniciar juicios de procedencia en contra de los funcionarios municipales.
Aunque en 3 casos ya se otorgaron los desafueros de los alcaldes de Medellín, Fortín y Coatepec, incluso los tres políticos ya dejaron el cabildo, tanto Omar Cruz Reyes, como Armed Cid de León y Roberto Pérez Moreno continúan prófugos de la justicia.
La FGE tiene ingresados tres juicios de procedencia más, que en los próximos días y/o semanas habrán de consumarse en desafueros: El del alcalde panista de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez, el del ex alcalde de Las Choapas, Renato Tronco Gómez –hoy diputado local con fuero constitucional- y el del edil de Ayahualulco, Abundio Morales. Todos ellos, caminando en la Comisión Instructora.
En los 6 casos que se han dirimido en el inmueble legislativo existe la sospecha velada que los tres integrantes de la Comisión Instructora, Juan Manuel Velázquez, Raúl Zarrabal y Hugo Fernández “han filtrado” a los ex ediles prófugos, el momento político cuando el dictamen ya salió favorable al desafuero, lo que ha permitido que los “alcaldes con licencia” salgan del estado y/o del país, antes de ser aprehendidos por la justicia, señala un directivo de la FGE quien solicitó el anonimato.
Por ejemplo a Roberto Pérez “Juanelo” se le responsabiliza de ser el autor intelectual del homicidio de su tesorero, Guillermo Pozos quien murió ultimado por ex policías municipales del llamado Pueblo Mágico.
A Omar Cruz, ex edil panista de Medellín se le señala como el autor intelectual del asesinato del periodista-editor de “La Unión”, Moisés Sánchez Cerezo, homicidio que conmociono a la opinión pública internacional en enero de este año. De este violento crimen solo hay en prisión dos de los siete presuntos responsables.
En el caso del edil de Fortín, Armed Cid se le acusa de violencia intrafamiliar y golpes en contra de su cónyuge, aunque su juicio de procedencia, periodo de pruebas y alegatos se armó de forma exprés, un error de la Fiscalía General quien en la tramitología utilizó el nombre de “Fortín de las Flores” en lugar de Fortín, que es el nombre adecuado del municipio, permitió la fuga del alcalde, quien se refugió en Estados Unidos.
En los tres casos restantes, Yunes Márquez, Tronco Gómez y Abundio Morales, el final político de cada caso no se ve culminando en la cárcel.
Con Miguel Ángel Yunes, alcalde de Boca del Río, diputados del PRI lo responsabilizan de enriquecimiento ilícito, la Litis jurídica que entregaron los legisladores en la denuncia penal, es que Yunes posee una casa con valor de 32 millones de pesos, la cual está fuera de alcance de un político que ha sido dos veces presidente y una diputado local.
“En la Fiscalía me presentaron unas hojitas (sic), en la que unos diputados dicen que mi casa vale tanto…son todas las pruebas que tienen contra mí”, observó el panista boqueño al salir el pasado martes por la parte del inmueble de la Fiscalía.
En el caso de Renato Tronco, quien hoy es diputado local independiente y visible aspirante a gobernar Veracruz el año entrante, la Fiscalía General del Estado decidió reactivar un “recurso de inconformidad” promovido ante la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia, por Orfelina Galindo, viuda del ex regidor de Las Choapas, Alfredo Pérez Juárez, en su carácter de agraviada, ordenando los magistrados por unanimidad revocar el sobreseimiento que había sido dictado en la Causa Penal correspondiente, en la que se responsabiliza a Tronco de ser el autor intelectual.
El homicidio, tuvo lugar el pasado 05 de junio de 2006, cuando el finado, que se desempeñaba como edil en la comuna que presidió el hoy diputado local, retornaba a su domicilio, según hechos que constan en la Causa Penal 264/006. La FGE decidió reabrir este caso, una vez que Tronco hizo públicas sus aspiraciones gubernamentales.
En su momento, la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ) detuvo a los autores materiales del delito, a quienes les fue dictada una sentencia de 22 años de prisión.
En el caso de Abundo Morales, alcalde de Ayahualulco, aunque la Fiscalía ya solicitó su desafuero y el del síndico, José Guadalupe Flores por el presunto delito de “abuso de autoridad” y privación ilegal de la libertad; en la Comisión Instructora y en la Comisión de Gobernación, legisladores locales ya empezaron a tratar de detener el procedimiento legislativo.
Además, en las oficinas de la Mesa Directiva del Congreso Local ya llegaron oficios y misivas que hablan de que la solicitud de desafuero ya va viciada, por ejemplo, los presuntos agraviados, Maximino Hernández Hernández y sus hijos Daniel y Froylan Hernández enviaron una carta al Congreso Local recriminando que en la carpeta de investigación FESP/7/002/2014, los señalamientos van en contra de policías municipales quienes habrían cometido los abusos de autoridad y la privación ilegal de la libertad y no en contra de las autoridades edilicias: “Pedimos se dicte resolución de sobreseimiento y se archive el caso dicen los agraviados”.